La comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy el protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Guinea Bissau que permitirá a los buques comunitarios, en especial de España, Portugal, Italia, Grecia y Francia, volver a pescar en las aguas de ese país durante tres años.
A cambio de los permisos de pesca, la Unión Europea pagará a Guinea Bissau una contribución de 9,2 millones de euros por año, de los cuales 6,2 millones cubren el acceso a los recursos pesqueros del país y los 3 millones restantes van destinados al desarrollo del sector pesquero de Guinea Bissau.
El apoyo al sector busca fortalecer la vigilancia y el control, así como fomentar la cooperación científica, mejorar los controles de sanidad y ofrecer apoyo a la pesca artesanal, según explica el PE en un comunicado.
Las posibilidades de pesca concedidas a las flotas de la UE son de 3.700 toneladas de registro bruto (TRB) para los arrastreros congeladores de camarones y 3.500 TRB para los de peces de aleta y cefalópodos, además de 28 atuneros cerqueros congeladores y 12 atuneros de caña.
En esta ocasión, además de la aprobación del propio protocolo, se ha votado y aprobado por mayoría una resolución no legislativa, que contiene una serie de recomendaciones y sugerencias que complementan al mismo y refuerzan su buen desarrollo.
Para ello, la resolución afirma que los resultados en materia de cooperación han sido muy escasos hasta la fecha con los anteriores protocolos y le pide a la Comisión Europea que adopte las medidas oportunas para corregirlo.
También se recuerda la persistencia de pesca ilegal y no reglamentada, de problemas sanitarios, así como déficits en derechos humanos o de igualdad de género, o la falta de cierta información científica disponible.
Del mismo modo, asevera que se han de mejorar aspectos como el empleo de los fondos, el control y la vigilancia de la pesca o la cantidad y fiabilidad de la información de capturas y del estado de los recursos pesqueros.
Tras la restauración del orden constitucional en octubre del año pasado, el Consejo adoptó la decisión sobre la firma y la aplicación provisional del protocolo.