Esta norma entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2013.
La Asociación Nacional de Productores
de Ganado Porcino (Anprogapor) ha asegurado que el ganadero no
puede hacer frente al gasto que supone la aplicación de la Directiva
comunitaria sobre normas mínimas para la protección de cerdos, que
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2013.
Esta Directiva especifica que todas las explotaciones de ganado
porcino deberán alojar las cerdas en grupo a partir de la cuarta
semana de gestación y hasta una semana antes del parto.
Según ha detallado, el ganadero no puede hacer frente a
esta inversión porque el "balance negativo en las cuentas ha sido y
sigue siendo el denominador común en las explotaciones de porcino".
Para adaptarse a esta norma, el ganadero o mantiene la
instalación y por tanto reduce el número de reproductoras, o amplía
su capacidad y afronta los gastos derivados de ello.
En este sentido, ha considerado que si se afronta la reforma de
la explotación sin aumentar las instalaciones sino a través de la
reducción del censo, el resultado es un incremento de los costes
derivados de las obras de adaptación a la norma y de la reducción
del número de reproductoras.
Si se afronta la reforma de la explotación aumentando las
instalaciones, ha apuntado que el incremento de coste se generará
por una mayor necesidad de capital para financiar las nuevas
instalaciones y la reforma de las antiguas.
De ahí la dificultad de la entrada en vigor de la normativa sobre
alojamiento de reproductoras en grupos, "porque va a repercutir
directamente sobre la viabilidad de las explotaciones de ganado
porcino de España".
Anprogapor ha recordado que, desde septiembre del 2007, el sector
entró en una "profunda" crisis debido al incremento de las
cotizaciones de las materias primas para alimentación animal y al
descenso del precio percibido por los ganaderos.
A esta situación se unió, además, la crisis económica, que
dificultó la obtención de préstamos bancarios o la renovación de las
pólizas de crédito, así como la pérdida de competitividad de los
productos españoles frente a terceros países, donde el consumidor
está demandando productos baratos procedentes principalmente de
Brasil, Estados Unidos o Canadá.
"Esto ha repercutido muy negativamente en nuestras exportaciones
a terceros países, que han disminuido en más de un 20 por ciento",
ha destacado.