No se prevé sacar nuevos concursos públicos para permitir la caza en fincas que son propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
El Ministerio de Medio Ambiente no prevé
sacar nuevos concursos públicos para permitir la caza en fincas que son
propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, una vía por la
que ha optado en dos ocasiones para recaudar financiación.
En
los últimos días, el departamento de Miguel Arias Cañete ha autorizado
dos licitaciones públicas para hacer monterías y recechos (dos
modalidades de caza mayor) en fincas situadas en Toledo y Jaén, ambas
pertenecientes a dicho organismo autónomo.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han explicado que esta
cartera no prevé sacar nuevos concursos, y han subrayado que la caza en
los parques nacionales está prohibida y seguirá vetada en el futuro,
otra cosa distinta es permitirlo en fincas propiedad del organismo
autónomo.
Anteriormente, los responsables de abatir a los
animales en estas fincas para hacer el control poblacional de las
especies -sobre todo ciervos, corzos y jabalíes- eran los propios
guardeses de los terrenos.
Según las fuentes, el hecho de
haber optado por las licitaciones se debe a la necesidad de obtener
financiación adicional para el Organismo Autónomo.
Su presupuesto asciende este año a 66,9 millones de euros, un 29,1% menos que en el ejercicio precedente.
La única diferencia es que el control de las poblaciones, "una
práctica que se ha hecho siempre"- lo van a hacer particulares que
pagarán un precio por ello.
Aunque sean fincas de Parques
Nacionales no forman parte de estos espacios protegidos, han aclarado
las fuentes, en alusión a una información periodística sobre esta
cuestión.
La primera de las licitaciones se refiere al
aprovechamiento de monterías y recechos durante la temporada cinegética
2012-2013 en los cotos de Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo), por un
importe total de 90.000 euros.
El segundo concurso público es
para Cotos de Lugar Nuevo y Selladores Contadero (Jaén) por un valor
superior a los 77.000 euros.
Ecologistas en Acción ha opinado
-antes de conocer la decisión ministerial de no hacer más este tipo
de licitaciones- que permitir la caza en fincas públicas gestionadas por
el ente público es "un grave paso atrás que causará serios impactos
ambientales".
A su juicio, se trata de una acción impropia del ente responsable de proteger los espacios más emblemáticos de España.
Permitir la caza en terrenos "en los que desde hace más de 10 años se
está invirtiendo mucho en una gestión enfocada a la recuperación
ambiental y a la protección de algunas de las especies de fauna
silvestre más amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial
(...), es un lamentable error que además no se justifica por el control
de las poblaciones de cérvidos".
Dichas poblaciones "no se
controlan adecuadamente mediante monterías o ganchos, en las que se
cazan sobre todo machos para trofeo", sino con la caza selectiva y el
trampeo en vivo.
Concluye que el dinero a recaudar es muy
escaso frente al enorme beneficio ambiental que supone disponer de
grandes fincas públicas gestionadas con criterios de conservación.