Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado la convocatoria de un paro general en demanda de medidas urgentes
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han
anunciado la convocatoria de un paro general para el 20 y el 21 de
noviembre, así como una gran manifestación para este último día en
Madrid, en demanda de medidas urgentes frente a "la ruina" y "la mayor
crisis conocida del campo español".
Los
máximos responsables de Asaja, Pedro Barato; de COAG, Miguel López; y
de UPA, Lorenzo Ramos, han denunciado en rueda de prensa que todos los
sectores están sufriendo la falta de rentabilidad debido a una
"profunda crisis" de los precios en origen y a los elevados costes de
producción y urgen medidas de apoyo.
Han
subrayado que, además de las organizaciones agrarias que convocan el
paro, el "movimiento cooperativo" comparte la reivindicación de buscar
soluciones urgentes frente a la crisis.
Han
lamentado que, en el período 2003-2008, la renta agraria ha descendido
un 26 por ciento, lastrada por los costes de producción, que han subido
un 34,3 por ciento en cinco años, y se han perdido 124.000 empleos.
El
presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro
Barato, ha indicado que las ayudas compensatorias de la Política
Agraria Común (PAC), no sólo han sufrido un recorte del 10 por ciento
desde la última reforma, sino que se encuentran congeladas, "al no
equipararse al alza del Índice de Precios (IPC)", que ha sido del 55,6%
en los últimos 15 años.
Ha
señalado, además, que uno de los posibles complementos de rentas de
agricultores y ganaderos, "las energías renovables", no cuenta con el
necesario desarrollo, que los huertos solares "se han convertido en
latifundios solares que administran unas pocas compañías" y que no se
aprovecha el potencial energético de cultivos como cereales, vino o
remolacha.
Por su parte,
el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López, ha subrayado que las
protestas responden a un llamada de socorro "ante la mayor crisis del
sector agrario de su historia" y ha pedido el apoyo de la sociedad
civil, Gobierno, partidos políticos, corporaciones locales, empresas,
asociaciones y consumidores.
Ha
alertado sobre la situación "límite" del campo, que puede provocar el
"declive" del medio rural y una "crisis medioambiental", y ha pedido al
Gobierno español que convierta este asunto en un "problema de Estado"
durante su presidencia de la Unión Europea y a los grupos políticos que
suscriban un "pacto" en el Parlamento Europeo en defensa de un sector
que es "estratégico".
El
secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA), Lorenzo Ramos, ha abogado por impulsar medidas nacionales de
"control", "regulación" y "gestión de mercados", así como de
"preferencia de los productos comunitarios" frente a las importaciones,
para asegurar la viabilidad del sector, más aún en un contexto
internacional, ha recordado, de "alerta" humanitaria.
Ha
señalado que el descenso de los precios de los alimentos en destino lo
soportan "en solitario" los agricultores y ganaderos porque "el resto
de la cadena, como transporte o gran distribución mantiene los
beneficios", y ha afirmado que el auge de "las marcas blancas", más
baratas, están "generando desempleo".
Las
organizaciones agrarias han hecho alusión a "numerosos problemas" en la
cadena de distribución, como la presión "a la baja" de los precios", el
retraso de los pagos al productor, el exceso de importaciones, la
devolución injustificada de productos, la falta de remuneración de los
costes de producción o la ausencia de contratos-tipo que regulen las
transacciones comerciales.
Han
dado a conocer, además, un documento conjunto en el que solicitan
medidas fiscales, como la subida del IVA compensatorio en la venta de
sus productos, el impuesto reducido para los insumos o el gasóleo
profesional, así como un plan de financiación para "inyectar" liquidez
a través de nuevas líneas de crédito ICO y refinanciación de la deuda.
