La eliminación de los descartes es una de las ideas centrales de reforma.
El Gobierno español buscará todas las "vías"
para mejorar las cuotas asignadas a su flota, pero "no es realista"
pensar que la Unión Europea (UE) vaya a cambiar el sistema histórico de
repartir las capturas con la actual reforma pesquera, según el
secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.
Domínguez ha
comparecido ante la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar, a petición del
Grupo Mixto (BNG) y del PSOE, el estado de las negociaciones de la
reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), y del PNV sobre el
convenio con Gabón.
Ha insistido en que el acuerdo alcanzado
este mes por los países de la UE en Luxemburgo supone una "mejora clara"
en aspectos centrales como una mayor flexibilidad respecto a las
medidas que proponía Bruselas para recuperar los caladeros.
Entre las cuestiones pendientes, Domínguez ha aludido a una
reivindicación clásica española, la modificación del llamado principio
de "estabilidad relativa", que se impuso desde que España entró en la UE
y que ha supuesto una distribución "injusta" e "insuficiente" para la
flota nacional.
Ha citado ejemplos como la escasez en los
cupos de merluza o rape y ha señalado que "ese desequilibrio sigue
siendo considerable", al igual que la principal razón de los descartes
(capturas no deseadas de peces que después, muertos, son arrojados al
mar).
Por el contrario, otros países no llegan a utilizar el total de sus cuotas. La eliminación de los descartes es una de las ideas centrales de reforma.
El Gobierno ha denunciado en anteriores revisiones de la PPC el
criterio histórico de reparto ante el Tribunal de Justicia de la UE y
seguirá buscando "un incremento de las posibilidades de pesca por todas
las vías posibles" para sus navíos.
Pero Domínguez ha
reconocido que en la presente reforma "no es realista" pensar que los
países de la UE vayan a aceptar una modificación de los criterios que
ahora determinan los Totales Admisibles de Capturas (TAC) para la flota
comunitaria.
Ante esta situación, el Gobierno espera que la
introducción de la posibilidad de intercambiar cuotas permita a los
barcos españoles, sin restricción, "comerciar" con sus derechos de pesca
con los de otros países.
"Cualquier barrera a esas
transacciones entre empresas de distintos Estados es contraria al
Derecho comunitario", ha subrayado Domínguez, y ha apuntado que España
la llevaría ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Por otra
parte, Domínguez ha defendido los avances conseguidos para España en la
negociación de la PPC frente a los grupos parlamentarios, que se han
mostrado más críticos que en la comparecencia del ministro, Miguel Arias
Cañete.
La reforma de la PPC debe ser aún aprobada por el Parlamento Europeo.
El portavoz de Pesca del PP, Joaquín García Díez, ha abogado por
mantener el consenso entre los grupos en lo que queda de negociación.
La diputada socialista Laura Seara ha manifestado que no todo lo
acordado "es tan bueno, porque no se han alcanzado los objetivos que
pide el sector" y, además, "el partido no ha terminado".
Por
parte del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila (BNG) ha lamentado que en
Europa la pesca se plantee como "algo anecdótico" y que no se toque ese
reparto de cuotas histórico, por lo que ha solicitado al Gobierno que
defienda a este sector "como lo hace con el aceite o las naranjas".
El diputado de CiU Carles Páramo ha aludido a la necesidad de
distinguir a la flota del Mediterráneo, cuyo esfuerzo pesquero es "cinco
veces inferior" al estándar de los barcos comunitarios.
Desde
Izquierda Plural, Laia Ortiz se ha mostrado contraria a aplazar las
medidas de recuperación de los caladeros, porque está en juego el
"futuro de la vida de nuestros mares".