España, principal potencia pesquera comunitaria, es el país que más se juega.
Los ministros de Pesca de la Unión Europea
(UE) intentarán llegar a un acuerdo sobre la reforma de la
Política Pesquera Común (PCP), en la que España, principal potencia
pesquera comunitaria, es el país que más se juega.
El asunto
se tratará en un Consejo de Pesca donde la presidencia danesa de turno
de la UE intentará lograr el respaldo de los países a una propuesta que,
según las organizaciones ecologistas, debilita la drástica reforma
planteada por la Comisión Europea.
La futura PCP pretende
impulsar la reducción de la flota y la protección de los caladeros, con
medidas como la fijación de unos rendimientos máximos sostenibles de
existencias en el mar y la eliminación de los descartes (capturas no
deseadas de peces que se devuelven al mar por su escaso valor
comercial).
También plantea un mercado de traspaso de cuotas
pesqueras, con el objetivo último de reducir el exceso de capacidad de
la flota.
En los discusiones que han tenido lugar en los
últimos meses, los países han respaldado los principales elementos de la
reforma, aunque en general todos han pedido más flexibilidad para el
cumplimiento de los objetivos.
España, con una flota de 10.850
barcos y una producción superior al millón de toneladas de pescado y
marisco, será el país más afectado por la futura política.
De
cara a la reforma, España aboga por un equilibrio entre la
sostenibilidad medioambiental y la rentabilidad a largo plazo de la
actividad pesquera.
Además, junto con Francia y otros Estados,
quiere que el objetivo de los rendimientos máximos sostenibles se
aplace a 2020 en los casos en que no sea posible conseguirlo antes.
El punto más "conflictivo" para España, según fuentes diplomáticas,
es el relativo a los descartes ya que considera que, tal como se ha
planteado, imposibilitaría la actividad de la flota en las pesquerías
mixtas, por lo que pide una solución que tenga en cuenta esa situación.
Además el país quiere un cambio en la definición de "pesca
artesanal", para incluir a los barcos con eslora inferior a los 15
metros o a los que hacen mareas de menos de 24 horas.
Bruselas plantea que entren dentro de esa clasificación los navíos de hasta 12 metros de eslora.
Otra de las reivindicaciones españolas es el mantenimiento de las
ayudas a la renovación de la flota en el marco del Fondo europeo
Marítimo y de Pesca, algo que Bruselas rechaza al considerar que las
subvenciones dadas hasta ahora no han permitido reducir el exceso de
capacidad.
Aunque este último punto forma parte de la reforma,
no está incluido en el Reglamento sobre el que los ministros intentarán
llegar a un "enfoque general".
A la reunión asistirá el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
La UE se había fijado como objetivo cerrar la reforma pesquera en
2012 y aplicarla a partir de enero de 2013, pero según fuentes
diplomáticas es "improbable" que se consiga poner en marcha en el
calendario previsto.
Su aprobación, que debe ser pactada por
el Consejo y el Parlamento Europeo (PE), dificulta las posibilidades de
llegar a tiempo, ya que la Eurocámara solo comenzará a votarla a partir
de octubre.
De hecho, la Comisión Europea ya baraja como fecha
alternativa la entrada en vigor en enero de 2014, indicaron fuentes
conocedoras del dossier.
De cara a la reunión, la
ministra alemana de Pesca, Ilse Aigner, instó el pasado fin de semana a
concluir una reforma "radical" y rechazó las "fórmulas de compromiso de
media tinta"
Seis Organizaciones No Gubernamentales -Birdlife
Europe, Greenpeace, OCEAN2012, Oceana, Seas At Risk, y el WWF- han
criticado en un comunicado la rebaja del nivel de ambición de la
propuesta danesa frente a la original de la Comisión Europea.
