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La Confederación de Organizaciones empresariales del Sector Cárnico (Confecarne) y la Fundación del Jamón Serrano Español han pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que se haga realidad una norma nueva de calidad para los productos cárnicos curados y cocidos.

Los secretarios de Confecarne, Miguel Huerta y Josep Colado, y el secretario de la Fundación del Jamón Serrano, José Ramón Godoy, se han reunido con el nuevo director general de Industria Alimentaria de dicho Ministerio, Fernando Burgaz.

Según ha informado la organización cárnica, una petición importante es la solicitud para que se culminen los trabajos de redacción de una nueva norma de calidad para los alimentos cárnicos curados y cocidos, que sustituya a la "obsoleta legislación existente" y permita la competitividad de la industria.

Confecarne ha resaltado el apoyo de Burgaz y ha indicado que habrá una nueva reunión específica sobre este asunto, para consensuar un documento final.

La industria está preocupada por la situación que atraviesa la producción de cerdo ibérico y aunque hay acuerdo sobre la conveniencia de revisar la norma de calidad, es necesario avanzar en la concreción de las modificaciones, por "su complejidad y diferentes posturas sectoriales".

Confecarne también expuso sus temores por el desarrollo de una ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que pretende reforzar la posición negociadora de los productores e implantar contratos de compra-venta de productos.

Esto, según Confecarne, podría "perjudicar a la industria cárnica si se encuentra comprimida entre el poder de la gran distribución y el que pueda otorgarse" a los ganaderos.

La Fundación del Jamón Serrano planteó el interés de sustituir la actual Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) por una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que limite la elaboración de este alimento al territorio español.

Según la misma fuente, el representante del Ministerio vio viable este planteamiento aunque "no exento de dificultades" y para iniciar dicho proceso haría falta la unidad sectorial, para proponerlo después directamente a la Comisión Europea (CE).