El gerente de Apromar, Javier Ojeda, ha afirmado, que el anteproyecto incluye "cuestiones muy interesantes" para los acuicultores, que desde hace tiempo han pedido una revisión de esta legislación.
La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar) ha mostrado hoy su satisfacción por el anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado por el Gobierno, porque incluye una ampliación de las concesiones para las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre.
El gerente de Apromar, Javier Ojeda, ha afirmado, que el anteproyecto incluye "cuestiones muy interesantes" para los acuicultores, que desde hace tiempo han pedido una revisión de esta legislación.
Ojeda ha destacado que el nuevo documento modifica el plazo máximo de duración de las concesiones hasta los 75 años y permite su transmisión.
Ha recordado que con la legislación actual esas licencias tienen con carácter general una duración máxima de 30 años.
También es "importante", según Ojeda, la fijación de una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes cuando lleguen a su final, evitando la extinción de los permisos actuales, como los que tienen las explotaciones piscícolas marinas.
El responsable de Apromar ha señalado que esta organización debe analizar aún el contenido del anteproyecto para conocer si incluye otras demandas de los acuicultores.
El sector de la piscicultura marina lleva reivindicando desde hace tiempo que cambiara esa ley.
Por otro lado, según Ojeda, los acuicultores reclaman que a la hora de utilizar terreno de dominio público no tengan que pagar "dos veces" como ocurre ahora, por los conceptos de ocupación y de aprovechamiento.
Apromar también ha solicitado que en el caso de la fincas salineras, localizadas sobre todo en Huelva y Cádiz, se solucione la definición del trazado de "deslinde" (límite entre terreno público y privado) porque con la legislación actual está muy difuso.
Los acuicultores defienden que ese límite se trace por el perímetro exterior.
Por el contrario, Apromar ha lamentado la subida del IVA aprobada por el Gobierno, que entrará en vigor en septiembre, especialmente el del reducido, que grava el pescado y que pasará del 8 % al 10 %, ya que "supondrá un nuevo freno al consumo", que ya es bajo por la crisis.
Los acuicultores han remarcado que ese incremento debería ser compensado mediante una reducción mayor de las cuotas a la Seguridad Social.
Esta organización ha urgido al Gobierno a que resuelva la crisis del sector financiero para que "fluya" el crédito.
