Afirma que las instalaciones industriales no tendrán una concesión automática sino que tendrán que someterse a un informe medioambiental de las Comunidades Autónomas.
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado que la nueva ley de costas “es una ley ambiciosa en la protección de la naturaleza, exigente en su cumplimiento, y que va a dotar de seguridad jurídica a todos los que ocupan el litoral español”.
De esta manera se manifestaba Arias Cañete en rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, que ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas. Según ha explicado el ministro, esta norma tiene tres objetivos claros: “reforzar la protección del litoral, incrementar la seguridad jurídica y generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica”.
A preguntas de los periodistas, el ministro ha asegurado que todas las edificaciones que sean ilegales en la costa serán demolidas, y una prueba de ello es el caso del hotel El Algarrobico, que si los tribunales establecen definitivamente que está construido ilegalmente y procede su demolición. Existe un acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para actuar conjuntamente en su derribo. “Para ello, hemos pedido un primer presupuesto, que tiene un coste de 7.175.000 euros”, ha añadido.
CLÁUSULA ANTIALGARROBICO
En este sentido, Arias Cañete ha resaltado la ley introduce la llamada “cláusula anti Algarrobico”, que regula la posibilidad que tendrá ahora el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles, dando siempre la última palabra a los tribunales.
Por otro lado, Arias Cañete ha destacado que las instalaciones industriales que en este momento están ocupando zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre no tendrán una concesión automática sino que tendrán que someterse a un informe medioambiental de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, “analizaremos todas las instalaciones industriales que hay en el litoral español, pediremos informes a todas las Comunidades Autónomas, y se actuará en consecuencia”.
En el caso de las ocupaciones que se ubican “desordenadamente” en el litoral español, el ministro ha asegurado que se va a proceder a su regulación, uniformando los criterios y haciéndolas sostenible con el medio ambiente.
En definitiva, ha dicho el ministro, “vamos a tener una verdadera política de conservación real del litoral y las playas españolas, dando seguridad jurídica”. Además, el ministro ha recalcado que no se trata de una ley de amnistía, sino de “una ley que va a exigir más rigor, que va a proteger más las playas naturales, que va a ordenar las explotaciones turísticas, permitiendo su modernización pero con criterios de eficiencia energética y que va permitir tener cierto grado de ordenación para resolver todos los problemas que tenemos con los chiringuitos y no la anarquía que existe en estos momentos”.
