El hecho es que sólo seis explotaciones se han inscrito en los registros establecidos para poder beneficiarse de esta ley.
La titularidad compartida de las explotaciones agrarias se convirtió en una posibilidad para las mujeres rurales el pasado 5 de enero, con la entrada en vigor de una ley largamente reclamada por este colectivo; sin embargo, diez meses más tarde, aún no se ha traducido en una realidad.
Esta norma, aprobada con un amplio consenso en septiembre de 2011, estaba destinada a que 100.000 mujeres que trabajan en explotaciones agrarias familiares, hicieran visible su trabajo y pudieran, por tanto, acceder a derechos laborales y fiscales.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados sobre igualdad y desarrollo rural ha explicado que "ha desarrollado las actuaciones previstas en la Ley", pero "que no ha tenido la respuesta adecuada".
Diez meses después de su entrada en vigor, las asociaciones de mujeres rurales han apuntado que la situación de crisis en el campo -dificulta que se paguen dos cuotas a la Seguridad Social por explotación-, el desinterés de algunas administraciones y la falta de información de las potenciales beneficiarias han frenado el desarrollo de esta norma.
Para la presidenta de la Federación de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, las mujeres no han contado con la suficiente información, incluso hay "que convencerlas de que es mejor para ellas" y el "dinero también es un importante inconveniente".
La presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Carmen Quintanilla, ha explicado que si "una explotación agraria no da para comer una familia y se paga la cotización por un titular, difícilmente se va a cotizar por la cotitular", y que a ello se unen la "la falta de información y que no se han puesto en marcha todos los registros".
Desde la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), su presidenta, Lola Merino, ha planteado que el principal escollo de la Ley es que no se han habilitado todos los registros, aunque reconoce el efecto de la crisis económica y del campo y la necesidad de hacer una mayor difusión de la norma.
Sin embargo, para la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, la raíz del problema está en la "clara desidia" de las administraciones en trasladar a las posibles beneficiarias las ventajas de la ley.
En este punto coincide con la presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Belén Verdugo, quien considera "que no hay interés por sacar adelante esta ley" y que "la crisis no puede ser la excusa para todo".
Por su parte, la presidenta de Unión de Centros de Acción Rural (Uncear), María Chicharro, ha indicado que la crisis afecta mucho al sector agrícola y que la Ley de Titularidad Compartida es un instrumento que "tiene que estar en revisión".
Desde la organización Sol Rural, su presidenta Francisca Gago, ha subrayado que "con la penuria que se está pasando en el campo no se pueden dar de alta a dos personas por explotación".
Si en algo coinciden también todas las asociaciones de mujeres rurales consultadas es en continuar con su labor de información para lograr que una de sus reclamaciones históricas sea, poco a poco, un instrumento más de visibilidad, desarrollo e igualdad en el territorio.
