Explica que “es muy costoso para la UE y con escasos retornos” y la prueba es que no han pedido licencias los pescadores afectados.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha pedido este viernes a la comisaria de Pesca de la UE, Maria Damanaki, que “renegocie los términos del acuerdo de pesca UE-Mauritania” porque “es muy costoso para la UE y con escasos retornos”. “El Gobierno español no es partidario de este acuerdo porque, según los datos científicos más recientes con los que contamos, hay una recuperación del stock que permitiría alguna actividad pesquera razonable; y porque las zonas de pesca de la actividad marisquera impiden la rentabilidad y la prueba es que no han pedido licencias los pescadores afectados”, ha añadido.
En rueda de prensa conjunta con la Comisaria Damanaki al término de la Conferencia Internacional de Acuicultura celebrada en A Coruña (Galicia), el ministro se ha referido también al Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Miguel Arias Cañete ha explicado que este RD Ley aborda, entre otros temas, la regularización de proceso de embarcaciones. “Es un tema recurrente donde siempre ha habido denuncias de que muchas embarcaciones se quedan fuera del proceso”. “Hemos abierto un procedimiento nuevo y permanente sin fecha límite que permita regularizar cualquier buque pesquero que no hubiera podido acogerse a los procedimientos excepcionales establecidos con anterioridad”, ha añadido.
Con respecto al Finning y la aleta de tiburón, el ministro ha lamentado que con la reciente prohibición de la UE de ciertas prácticas, la flota comunitaria va a competir “en situación de desventaja, porque encarece la actividad pesquera, frente a las chinas o taiwanesas que trabajarán sin restricción”. Sin embargo, Arias Cañete ha querido dejar claro que el Gobierno “acata y cumple las decisiones una vez que se convierten en normativa comunitaria”. “Durante las negociaciones mantenemos nuestras posturas, por una vez que se convierten en normativa comunitaria lo que tenemos que hacer es trabajar para cumplirlas y adecuar nuestras tácticas pesqueras”, ha añadido.
LA APUESTA POR LA ACUICULTURA
Miguel Arias Cañete ha explicado que el Gobierno ha modificado a través del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral la legislación “para facilitar el establecimiento de instalaciones de acuicultura, de manera que no pasen a formar parte del dominio público marítimo los terrenos inundados artificialmente”. “El objetivo es que, si hay alguien que quiere inundar un terreno para hacer una piscifactoría y conectar el terreno con el mar, no se le convierta en dominio público como hasta la fecha. Así hay estímulo para desarrollar la actividad acuícola, porque el terreno se puede hipotecar y puede servir en garantía de préstamo que financie la inversión”, ha añadido
Asimismo, Arias Cañete ha explicado que el Ministerio está revisando toda la legislación medioambiental y armonizando los trámites del Estado y las CCCA orientado hacia la simplificación. “Tiene la razón la comisaria. Obtener una declaración de impacto ambiental de una instalación acuícola, en tierra o en medio marino, requiere trámites de hasta seis o siete años en nuestro país. Estamos simplificándolo, acortándolo y haciendo más eficaz la tramitación administrativa para que los operadores económicos cuando tomen una decisión en un plazo breve puedan poner en marcha sus inversiones”, ha explicado. “Estamos revisando todas las evaluaciones de impacto ambiental para que cumpliendo con todas las exigencias de sostenibilidad acortemos los plazos de forma razonable”, ha concluido.
