El Secretario de Estado de Medio Ambiente critica el “falso dilema” de que el desarrollo económico solo es posible a costa de la naturaleza.
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha abogado por una nueva regulación del agua que permita la colaboración público-privada tanto en el caso de las infraestructuras como en el de la depuración y el saneamiento.
Así lo ha asegurado Federico Ramos durante su intervención en el Desayuno Informativo “Medio Ambiente: el reto de una política vinculada a la realidad”, organizado por Executive Forum España, al que han asistido representantes de las principales empresas vinculadas al medio ambiente.
Ramos ha recordado que sobre la política medioambiental pesan “prejuicios clásicos” que no tienen justificación como el “falso dilema” de que el desarrollo solo es posible a costa de la naturaleza y que la protección del medio ambiente implica sacrificar la actividad económica.
A su juicio, “no se trata de dos caminos que puedan transitarse por separado”, sino que del concepto de desarrollo “no se puede desagregar la sostenibilidad” y que “el error es no haber advertido que la conjunción genera oportunidades y actuar en consecuencia”.
Otro de los prejuicios, según ha indicado, es el ideológico que considera que las políticas ambientales son patrimonio de la izquierda. En su opinión, “el resultado de la gestión que haga cada uno es lo que debe constituir el centro del debate político”.
REFORMAS NORMATIVAS
En este sentido, ha garantizado el compromiso del Gobierno con el medio ambiente y que, por esta razón, desde el inicio de la legislatura ha emprendido un amplio programa de reformas normativas.
Entre ellas, ha citado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que restableció el principio de unidad de cuenca e introdujo medidas para mejorar la gestión del agua en situaciones de escasez, entre otras.
Además, el Ministerio ha promovido el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de Ley de Costas, actualmente en tramitación parlamentaria, que corrige y mejora la normativa de 1988, incrementa la seguridad jurídica e introduce nuevas medidas de protección, según Federico Ramos.
Así, ha citado la llamada cláusula anti-Algarrobico –que permite que el Estado pueda suspender en vía administrativa los acuerdos que adopten las entidades locales y que infrinjan la Ley de Costas– como “una medida preventiva que evitará situaciones no deseadas”.
Ramos se ha referido al futuro anteproyecto de ley de Evaluación Ambiental en el que trabaja el Ministerio, con el objetivo de reducir, simplificar los procedimientos y acortarlos lo más posible, en sintonía con el proyecto de revisión de la Directiva comunitaria.
Junto a esta iniciativa, ha avanzado que se revisará la Ley de Parques Nacionales, así como la de Aguas y la de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Ha concluido recordando que la política medioambiental del Ministerio “siempre se va a apoyar en el ciudadano”, que España es un país que ha aprovechado sus oportunidades y que “en este momento, una de ellas, es volver a la realidad, y emprender el camino para ser sostenibles”.
