El consejero de Agricultura subraya que el objetivo del Decreto-ley del Gobierno andaluz es evitar crecimientos urbanísticos insostenibles.
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado que el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, incluido en el Decreto-ley de medidas urgentes y para la protección del litoral aprobado por el Consejo de Gobierno, supone una "garantía para conseguir un desarrollo ordenado y sostenible" de la franja costera andaluza, que cuenta con un activo no sólo natural sino también de "negocio turístico basado en la calidad y el valor diferencial".
Esta medida, ha explicado Planas, supone "un avance muy importante en la consolidación de uno de los objetivos de la Junta como es la conservación de nuestros ecosistemas y de nuestra riqueza natural", en concreto de los cerca de mil kilómetros de costa con los que cuenta la comunidad.
Asimismo, el consejero ha aclarado que el nuevo Decreto-ley del Gobierno andaluz "no suspende ni paraliza el crecimiento de los municipios", sino que establece la obligatoriedad de que los ayuntamientos adapten sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). La finalidad, ha añadido Planas, no es otra que "evitar crecimientos que hoy día se consideran insostenibles; de esta manera, se preserva el crecimiento ordenado y en igualdad de condiciones a los municipios que sí han sido diligentes y han adaptado sus planes".
Por último, Luis Planas ha recordado que otra de las novedades que contempla la nueva norma es facilitar la tramitación por parte de los ayuntamientos de los informes sectoriales necesarios para llevar a cabo estas adaptaciones.
Nuevo instrumento de planeamiento urbanístico
Entre las novedades incluidas en el Decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno destaca el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, un nuevo instrumento de planeamiento urbanístico que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera. Este espacio, que ocupa un 15% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, es un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.
El objetivo del Gobierno andaluz es frenar las previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentre ocupado casi el 40% de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7% de mediados del siglo pasado.
El Plan de Protección previsto establecerá los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en esos primeros 500 metros, así como en todas aquellas zonas necesarias para asegurar el cumplimiento de las finalidades de protección (excluyendo las contiguas a las márgenes de los ríos).
Para garantizar la efectividad del Plan durante su elaboración, el Decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo. Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el Plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta la aprobación definitiva del Plan en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá solo en los terrenos identificados expresamente en el documento que se somete a información pública.
