Andalucía cuenta con fondos transferidos para diversos conceptos que aún no han sido justificados.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha planteado a la Comunidad Autónoma de Andalucía la conveniencia de revisar los remanentes de transferencias realizadas por diversos conceptos, para su utilización en la financiación nacional del Programa de Desarrollo Rural andaluz.
Estos remanentes fueron transferidos para distintos conceptos y aún no han sido justificados, obrando algunos en poder de la Comunidad Autónoma desde 2010.
Ante la propuesta del Ministerio, cursada el pasado 3 de agosto, la reacción de Andalucía se ha dilatado hasta el pasado 29 de octubre, fecha en la que se celebró una reunión bilateral entre la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio y la Consejería de Agricultura de Andalucía, para abordar esta cuestión.
Esta Comunidad Autónoma aún no ha comunicado la realización de las comprobaciones para la tramitación de los remanentes, procedimiento para el cual el Ministerio ofreció la colaboración se sus técnicos a fin de establecer, lo antes posible, el importe definitivo de la deuda.
Agilizar ese trámite es de gran importancia ya que la movilización de remanentes permitirá hacer frente a las necesidades previstas por la Comunidad Autónoma de 27,5 millones de euros hasta el final del ejercicio, cantidad que quedaría sobradamente cubierta.
Esta gestión se está realizando con otras Comunidades Autónomas para movilizar los fondos que se han distribuido para distintos conceptos y están pendientes de justificación. Con esta cantidad se podrá ampliar la dotación presupuestaria destinada a la financiación nacional de los Proyectos de Desarrollo Rural (PDR), que para 2012 asciende a 215,3 millones de euros, incluyendo las partidas asignadas a las Direcciones Generales de Desarrollo Rural y Política Forestal y de la Industria Alimentaria, junto con las cantidades anticipadas en 2011.
Una medida que permitirá, además de movilizar remanentes, cubrir el coste estimado, de alrededor de 300 millones de euros, que están precisando las Comunidades Autónomas para realizar la correcta ejecución de sus respectivos programas.
La gestión se está llevando a cabo desde agosto con las Comunidades Autónomas, a las que ya se anunció que la aportación del Estado para los PDR se retendría hasta que se cerrara el acuerdo sobre las cantidades adeudadas.
