Dice que la ley de Costas de 1988 se ha demostrado ineficaz a la hora de proteger el litoral y que no ha respondido a sus fines y objetivos.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la reforma de la ley de Costas se justifica en la necesidad de disponer de “un instrumento eficaz” de protección y conservación del litoral, de mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y de “compatibilizar” la protección del espacio natural con actividades económicas que creen empleo y generen riqueza.
“Un litoral sostenible medioambientalmente - ha explicado el ministro- debe conciliar la preservación, mantenimiento y mejora de nuestras costas con todas las actividades que sean respetuosas y compatibles con la conservación del litoral, incluidas las económicas”.
Durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas, en el Congreso de los Diputados, el ministro ha situado esta reforma como “uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para esta legislatura”.
Según ha explicado el ministro, la reforma de la ley de Costas de 1988, tras más de 20 años de vigencia, está motivada porque no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía, mantener y conservar el buen estado “nuestro extenso y valioso litoral” y porque “ha fomentado una aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria en algunas ocasiones, lo que ha provocado inseguridad jurídica para propietarios y titulares de derechos en la costa”, ha asegurado.
INEFICACIA E INSEGURIDAD JURÍDICA DE LA LEY DE 1988
En su exposición, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que la ley de Costas de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral. “Entre 1988 y la actualidad, se ha producido la mayor degradación de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónica”, ha precisado.
A juicio del ministro, esta Ley también ha generado una gran inseguridad jurídica, tanto en aspectos esenciales de la ley como en las dificultades de su aplicación, “que ha sido con frecuencia parcial o tardía”. El ministro ha puesto como ejemplo la cuestión de los deslindes, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, “que se han realizado con criterios no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo”, ha señalado.
Además, el ministro ha destacado la “inadecuada” regulación de la ley en relación con los Registros de la Propiedad, “que ha propiciado que adquirientes de buena fe con títulos registrales vean cuestionadas sus propiedades”.
Por otra parte, Arias Cañete ha indicado que, hasta ahora, “ha primado una visión limitada de la protección de la costa, que no valoraba adecuadamente la idea de compatibilidad entre calidad medioambiental y actividad humana, para alcanzar un desarrollo sostenible”. En opinión del ministro, “este concepto erróneo ha producido regulaciones excesivamente restrictivas, que no propiciaban la realización de actividades económicas, deportivas, de ocio o culturales, respetuosas con la costa y con la garantía del uso público y común de las playas y del litoral por todos los ciudadanos”.
REFORZAR LA PROTECCIÓN -CLÁSULA ANTI-ALGARROBICO
En relación con la nueva ley, Arias Cañete ha explicado que las previsiones para reforzar la protección del litoral van dirigidas a preservar “lo que tenemos mejor conservado”, a impedir que continúe la degradación de las áreas costeras más vulnerables, y a dotar al Estado de mecanismos excepcionales de respuesta, cuando exista un riesgo grave para la protección del dominio público.
En este sentido, ha añadido el ministro, el proyecto de ley distingue entre los tramos “urbanos” de las playas y los tramos “naturales”, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones. Para ello, Arias Cañete ha explicado que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales.
Mientras, “en las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común”, ha añadido.
Por lo demás, Arias Cañete ha señalado la conveniencia de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción rápido y eficaz, que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales. En concreto, “me estoy refiriendo a la conocida como ‘cláusula anti-Algarrobico’, que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo”, ha aclarado.
ELIMINAR LA INSEGURIDAD JURÍDICA
Con objeto de eliminar “la enorme” inseguridad jurídica de la ley de 1988, Arias Cañete ha indicado que la nueva ley introduce “mejoras significativas”, como la clarificación del alcance del dominio público marítimo-terrestre, y la concreción del concepto de playa y los elementos que incluye, en especial las dunas, entre otras.
“Una segunda línea de mejora, dentro del objetivo de incrementar la seguridad jurídica, tiene por objeto garantizar a los ciudadanos la información actualizada, segura y exacta sobre los terrenos que son de dominio público o pueden serlo mediante una eficaz coordinación con el catastro y el registro de la propiedad”, ha agregado.
Por último, Arias Cañete ha señalado que un tercer pilar de la reforma es conciliar la protección de la costa con la realización de actividades económicas en su entorno, “siempre bajo la premisa de que sean respetuosas con la integridad del Dominio Público Marítimo Terrestre y contribuyan a su conservación”.
