El 5 de enero entró en vigor la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias meses después de ser aprobada por las Cortes.
El año que termina ha estado marcado por los importantes recortes presupuestarios en las políticas de desarrollo rural y por la entrada en vigor de la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, una norma pensada para llevar la igualdad al campo que no ha tenido el efecto esperado.
El 5 de enero entró en vigor la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias meses después de ser aprobada por las Cortes, si bien un año después apenas unas decenas de mujeres han accedido a esta norma.
Entre las razones que se aducen para el escaso éxito de esta ley es la incapacidad de muchas explotaciones familiares de pagar dos cotizaciones a la seguridad social, la falta de información de las potenciales beneficiarias -unas 100.000- y el desinterés de algunas instituciones que tienen que poner en marcha los registros.
De hecho, desde el Gobierno de Canarias se impugnó ante el Tribunal Constitucional un artículo de la citada ley al rechazar que la legislación que el Gobierno central imponga a la comunidad autónoma la constitución de registros de las explotaciones de titularidad compartida.
La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, con la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, coinciden en que se trata de una norma que busca cambiar una situación social arraigada, por lo que su proceso puede ser lento.
Desde el Gobierno se sigue apostando por la mujer rural, con subvenciones para la promoción de la mujer rural (457.000 euros en la última convocatoria); el programa Aurora, dotado con un millón de euros para favorecer la inserción laboral de 1.200 mujeres o el apoyo a las emprendedoras a través de diferentes líneas.
Las políticas de desarrollo rural ha centrado una parte de los ajustes presupuestarios por parte de las instituciones públicas. Así, el Gobierno redujo un 86 % el Programa de Desarrollo Rural Sostenible en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que pasaba de 200,3 millones de euros a 28,3.
El principal motivo es que la escasa implantación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que según el actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, es "poco eficaz" o "burocrática", por lo que ha reiterado su intención de modificarla.
De hecho, este año sólo una comunidad, Galicia, ha firmado el convenio para desarrollar esta ley, una acuerdo entre la Xunta y el Magrama que hará llegar 170 millones de euros en los próximos cuatro años al territorio rural de esta comunidad para beneficiar a más de un millón y medio de gallegos.
Según la presentación del Anteproyecto de Presupuestos Generales para 2013, los fondos para políticas de desarrollo rural se quedan para el próximo año en 1.028 millones de euros, con un descenso del 33 % respecto a las cuentas anteriores.
Para el próximo ejercicio está previsto que vea la luz el Plan de Diversificación Económica del Medio Rural, un texto con el que se pretende dar respuesta a los principales problemas del territorio, la despoblación y la falta de expectativas económicas para los jóvenes.
Una de las líneas que se potenciarán en este plan es el sector forestal, con el fin de mejorar el aprovechamiento de este recurso a la vez que fomentar la prevención de incendios.
La política de desarrollo rural también se verá afectada por las decisiones que se adopten en Bruselas en torno a la Política Agraria Común.
En caso de mantenerse la propuesta del Consejo Europeo conocida hace unas semanas, aún en debate, la caída de los fondos de la Unión para el desarrollo rural puede ser de hasta un 25 %, según han calculado las dos redes de desarrollo de España.
Aún así, este año se han desarrollado diferentes propuestas para potenciar la economía y el estilo de vida rural.
Una campaña de promoción ha animado a miles de "urbanitas" a ser acogidos por un "pueblito bueno", dos periodistas han recorrido Europa en 80 días para mostrar alternativas en el territorio a la actual situación de crisis y, en Madrid, se han reunido decenas de empresarios en la primera feria de emprendedores rurales.
Y es que, tal como defienden expertos como el catedrático en Sociología Rural y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Benjamín García, en estos tiempos las "raíces rurales están de moda".
