El titular del MAGRAMA, Arias Cañete, ha descartado que la firma de contratos homologados que establecerá la nueva ley implique más gastos burocráticos.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que la futura ley de mejora de la cadena alimentaria "no tiene por qué tener influencia en los precios" que pagan los consumidores y descartó tanto su efecto inflacionista como que provoque nuevas cargas burocráticas.
Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en rueda de prensa tras reunirse con representantes de las organizaciones y las cooperativas agrarias para analizar los presupuestos europeos para agricultura y desarrollo rural para el período 2014-2020 y sus implicaciones para el campo español.
"No creo que los rendimientos (económicos) de la gran distribución sean conseguidos a base de malas prácticas comerciales", ha señalado Arias Cañete en referencia a las próximas obligaciones derivadas del proyecto legislativo que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros, previo a su tramitación parlamentaria.
Ha subrayado que, en virtud de esta nueva ley, habrá contratos por escrito entre compradores y vendedores de productos alimentarios que prohíben que "se puedan alterar los precios" durante la vigencia del contrato o evitar que a alguien que vendió 10.000 litros de refrescos -ha puesto como ejemplo-, de pronto se le exija en diciembre que se le den otros 1.000 más gratis para una promoción.
También ha descartado que la firma de contratos homologados que establecerá la nueva ley implique más gastos burocráticos.
En pleno siglo XXI, "no creo que se hagan en una servilleta de un bar o dándose la mano" las partes, cuando además se trata de contratos "de gran envergadura" entre importantes industrias en muchos casos y la gran distribución, ha insistido.
"No tendrá un efecto inflacionista", ha subrayado Arias Cañete, pero sí más transparencia en la cadena y "protección de las partes más débiles", en referencia a los agricultores y los ganaderos.
