Se va a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Orden ministerial que regula el reparto de las capturas en el Golfo de Cádiz en lo que al boquerón se refiere.
Representantes del sector pesquero onubense de la modalidad de cerco han anunciado que van a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la Orden ministerial que regula el reparto de las capturas en el Golfo de Cádiz en lo que al boquerón se refiere.
En rueda de prensa, Juan Luis Serrano, asesor jurídico del colectivo, ha explicado que la decisión se ha adoptado porque "no les queda otra opción" pues entienden que el Gobierno "les ha engañado" y ha utilizado para la concreción de las capturas recogidas en la Orden, en vigor desde el pasado 18 de abril, datos con los que no están de acuerdo y entienden que son "erróneos" y que, consideran, sólo benefician al puerto gaditano de Barbate.
En este sentido, ha precisado que "se han tenido en cuenta embarcaciones desguazadas, algo que no procede y unas notas de ventas que no casan con los datos oficiales de boquerón descargado en los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría".
Serrano ha indicado que el Gobierno basa la regulación en el acuerdo alcanzado el pasado 14 de febrero en Sevilla entre representantes del sector por el que se realizaba un reparto de cuotas de 50 % lineal y un 50 % histórico, un acuerdo que según el sector "no se ha cumplido".
Ha lamentado que a pesar de que desde el Ejecutivo se les han prometido explicaciones, "lo curioso es que no sólo no se nos explica sino que durante las negociaciones se nos pasan datos en los que se aplican unas variables con unas ponderaciones que no sabemos de donde salen y que se aplican según el tonelaje de cada embarcación (GT) algo que nunca fue negociable".
Por ello, ha informado de que en el mes de mayo estará ya presentado el recurso contencioso administrativo contra esta orden por entender que "conculca no sólo la normativa pesquera, pues no se hace reparto justo y equitativo, sino también el principio de igualdad" y que van a solicitar que suspenda su vigencia hasta que se resuelva el procedimiento, período en el que consideran tendría que aplicarse un arbitraje alternativo.
"Si todo el mundo tiene la misma licencia de pesca para salir a faenar todos han de tener el mismo reparto y si se ha optado por reparto distinto que se justifique, pues a día de hoy no hay criterios que expliquen que haya un reparto distinto para las embarcaciones Golfo de Cádiz", ha indicado.
Por último, ha mostrado también el desacuerdo del sector por el hecho de que la Orden no venga acompañada de una resolución que aplique un tope de captura al boquerón para preservar los recursos de la especie, a pesar de que se viene solicitando desde 2004 y que contemple una parada de 58 horas consecutivas los fines de semana. "Todo ello va a provocar que no exista viabilidad en el sector" que en Huelva está compuesta por 45 barcos con unos 450 trabajadores.
Según la Orden en vigor al Puerto de Isla Cristina le corresponde un 18 % de las capturas en el Golfo de Cádiz y al de Punta Umbria un 24 %, frente al 43 % que se lleva Barbate.
