Secundarán de esa manera la iniciativa de su Asociación, que ya presentó hace cinco meses este recurso ante el silencio del Gobierno
Las comunidades integradas en la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía FERAGUA también recurrirán ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) la subida de cánones por la explotación de la Breña II y Arenoso, secundando de esa forma la iniciativa de su Asociación, que ya presentó hace cinco meses este recurso ante el silencio del Gobierno. Las comunidades de regantes acuden a esta nueva vía tras la reciente desestimación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de esta administración.
La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha señalado que la hoja de ruta del regadío andaluz, en relación con estos cánones, se mantendrá firme, hasta que no haya decisiones concretas y efectivas por parte de la administración central para rebajar unos costes que considera abusivos. En este sentido, la presidenta de los regantes andaluces ha mostrado “una satisfacción contenida” por la respuesta ofrecida por el Gobierno a la pregunta parlamentaria planteada sobre esta cuestión por los diputados del PSOE por Córdoba. “La satisfacción es porque el Gobierno reconoce al menos y afirma explícitamente que está estudiando cómo reducir los costes, lo cual es señal inequívoca de que sabe que son desproporcionados. La contención en la satisfacción es porque todavía no se ha comprometido a absolutamente nada, por lo que nosotros seguiremos con la estrategia diseñada”, ha comentado Bustamante.
Y esa estrategia pasa no sólo por el recurso ante el TEARA, sino con el rechazo de las facturas, cuando se pongan al cobro, pues Feragua promoverá en todos las comunidades un masivo recurso contra el acto de liquidación, que dejará a administración sin cobrar estas tasas hasta que se fallen todos los recursos planteados. “Que nadie piense que los regantes no queremos pagar, sí queremos pagar, por supuesto, porque la Breña II y Arenoso son reivindicaciones históricas del regadío andaluz, pero no cualquier precio, sino un precio justo”.
A juicio de la presidenta de Feragua, el precio propuesta ahora mismo es “cualquier cosa menos justo y razonable”, y eso se debe principalmente intermediación de ACUES la antigua ACUAVIR, en la explotación de estos embalses, “intermediación que solo provoca un encarecimiento artificial del coste que soportan los usuarios”.
Por ello, y con el apoyo unánime de los usos de abastecimiento, industriales y aprovechamientos hidroeléctricos, Feragua ha solicitado al Gobierno que encomiende la explotación directa de la Breña II y Arenoso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y acabe con las duplicidades e ineficiencias actuales
Feragua estima que una gestión directa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con sus propios recursos y equipos, permitiría reducir el canon a una tercera parte, además de ampliar el periodo de amortización de 25 a 50 años, como ocurre en todas las presas estatales. Y por ello viene solicitando de manera reiterada al Ministerio que encargue la gestión de estas presas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una petición que no ha sido hasta ahora atendida.
“En tiempos de adelgazamiento de la administración, no tiene ningún sentido lo que pasa con la Breña II y Arenoso, que están gestionadas por una sociedad estatal que solo intermedia y sólo subcontrata los trabajos que podría hacer la Confederación con recursos propios”, ha señalado la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, que ha recordado que “por 16 presas del sistema de regulación general, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir traslada unos costes de explotación de 4,3 millones, mientras que por solo dos presas, la sociedad pública ACUAES traslada 1.3 millones, casi el doble de costes por presa: de 270.000 a 650.000 euros”.
Finalmente, Feragua ya ha recomendado a sus asociados que aleguen la resolución aprobatoria del Canon Breña II y Arenoso para 2014, que en la actualidad se encuentra en periodo de información pública, basándose en los mismos argumentos y vicios que tenía el Canon de 2013, ahora impugnado ante el TEARA.
