Según la Ley de Evaluación Ambiental los proyectos que se tramiten deberán contar con la correspondiente Autorización Ambiental Unificada (AAU)
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha asegurado en el Parlamento que el Gobierno andaluz no "permitirá bajo ningún concepto efectuar extracciones de hidrocarburos o prospecciones de gas utilizando la fractura hidráulica en Andalucía". Con ello, la Junta aplica el principio de precaución ante riesgos ambientales y se hace eco de la voluntad de la mayoría de los andaluces, tal y como recoge la Proposición No de Ley aprobada el pasado día 3 de octubre, para que esta técnica no se utilice en el territorio andaluz.
Tras reiterar que en Andalucía "no se está llevando a cabo ningún tipo de actividad de este tipo y menos aún con el consentimiento y los permisos de la Junta", la titular de Medio Ambiente ha afirmado que Andalucía cuenta con una avanzada legislación en materia de prevención y calidad ambiental, con la que se ofrece una "adecuada garantía a sus ciudadanos " ante este tipo de proyectos.
Además, la recién aprobada Ley de Evaluación Ambiental por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establece la obligatoriedad de someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos en los que se prevea la utilización de la fracturación hidráulica. Así, las iniciativas que se tramiten deberán contar con la correspondiente Autorización Ambiental Unificada que emite la Junta, la cual deberá incorporarse a dicha evaluación de impacto ambiental, que será de competencia del Estado o de la Junta.
Considerando las normas y procedimientos medioambientales para autorizar o conceder actividades de extracción de hidrocarburos, hay que distinguir dos fases bien diferenciadas. Una de exploración e investigación, que requiere permiso estatal o autonómico, y otra de explotación del yacimiento, que en caso de hidrocarburos, requiere una autorización exclusivamente de la Administración General del Estado. En este sentido, la consejera ha afirmado que en la actualidad en ninguno de los permisos y autorizaciones solicitados para investigar sobre la existencia de hidrocarburos en el subsuelo andaluz, "no se contempla la técnica de la fractura hidráulica".
Según Serrano, con la nueva Ley el Gobierno central se asegura un análisis de impacto ambiental pero dando "cobertura legal a esta técnica de extracción de gas no convencional, por lo que hay que extremar las precauciones" para no permitir este tipo de proyectos en Andalucía.
Durante su intervención, la consejera ha subrayado que en Europa se muestran tres velocidades distintas en el tratamiento de esta cuestión. Así, hay países como Francia que mantienen una moratoria, otros como Polonia que ya están extrayendo gas mediante la fracturación hidráulica y otros como España que se "sitúa en un terreno de ambigüedad manifiesta". Según Serrano "parece clara la voluntad del Gobierno de no posicionarse de manera contraria a esta técnica, aunque con la exigencia de cautelas ambientales. Además la consejera ha recordado que la Comisión Europea tiene previsto elaborar una normativa al respecto, aunque en principio no está en contra de esta técnica.
Ante esta situación Andalucía deberá desarrollar un normativa que aporte seguridad jurídica ante este tipo de proyectos, ya que "nos encontramos ante un problema donde debe primar el ejercicio de la competencia autonómica en materia de protección ambiental (principio de acción preventiva o cautela) y las de ordenación del territorio y urbanismo (utilización racional del suelo que no comporte riesgos), pero garantizando su efectividad y sin alterar el régimen de competencias constitucionalmente establecido". Cabe recordar que estas actividades extractivas están sometidas a licencia urbanística, según el Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía.
Por último, la consejera ha destacado que espera "sumar nuevas propuestas normativas que ahora se estudian jurídica y técnicamente en la Consejería para garantizar su adecuación constitucional y estatutaria y que permitan a la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, contar con una regulación expresa que impida la práctica de la fracturación hidráulica en nuestro territorio".
