Los pescadores han acordado permanecer amarrados a puerto mientras una representación del sector acude a Madrid el miércoles 21 a entrevistarse con los responsables del Ministerio
La flota de cerco del Golfo de Cádiz ha decidido de forma unánime que hoy por la noche no saldrán a faenar en protesta por el límite a la captura de sardinas que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha planteado imponer en todas las aguas ibéricas.
Según ha informado el presidente de los armadores de Barbate, Tomás Pacheco, las 1.900 toneladas que podrían establecerse como Total Admisible de Captura (TAC) en el golfo gaditano suponen una cantidad "irrisoria" con la que la flota "no podría subsistir".
Por ello han acordado permanecer amarrados a puerto mientras una representación del sector acude a Madrid el miércoles 21 a entrevistarse con los responsables del Ministerio. Pacheco ha asegurado que la flota afectada, unos 86 barcos con base en los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría en Huelva y Sanlúcar de Barrameda y Barbate, en Cádiz, han estado autorregulándose desde 2004 "algo que otros puertos no han hecho".
Durante estos diez años la media de capturas de la flota se ha situado en torno a las 8.400 toneladas. "Nos exigen demasiado", ha asegurado el empresario barbateño para quien todas estas empresas "están destinadas a desaparecer", por ello pide que no los hagan "sufrir más" y que "saquen una orden de desguace de los barcos para que se vayan dignamente".
A la cuota de pesca de la sardina que plantea el Magrama, una especie sobre la que la Unión Europea nunca ha establecido restricciones, se une la inversión que la flota ha tenido que realizar recientemente para instalar un nuevo sistema de seguimiento, el escaso precio que está alcanzando el boquerón desde el inicio de la campaña, por debajo de los 50 céntimos el kilo, y el retraso de la aplicación del acuerdo de pesca con Marruecos.
Esto ha repercutido directamente sobre el salario que perciben los marineros, que apenas sobrepasan los 100 euros semanales, por lo que se muestran "seriamente preocupados" por esta nueva iniciativa estatal que podría mermar aún más los ya "escasos beneficios".
Por su parte la Junta de Andalucía, a través de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha anunciado que defenderán las capturas históricas que la flota viene realizando porque, aunque siempre han estado "a favor de una gestión sostenible de los recursos pesqueros", esta tiene que ser "compatible con la sostenibilidad económica y social del sector y no a costa de ella".
