La consejera de Agricultura explica los motivos del rechazo de la Administración autonómica y el sector al borrador del plan de gestión del Ministerio que limita las capturas de esta especie
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha recordado en el Parlamento andaluz que la Consejería ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "una cuota de la pesca de la sardina acorde con las capturas y con la importancia de nuestra flota".
Durante su intervención parlamentaria, Víboras se ha referido a la reunión que mantuvo con representantes del sector pesquero del Golfo de Cádiz el pasado 16 de mayo, donde se rechazaron frontalmente los dos borradores del Ministerio por dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas se debe a que el Ministerio ha decidido limitar las capturas de sardinas sin que la Unión Europea lo haya hecho antes y, en segundo lugar, porque si se aplica estrictamente la regla de explotación propuesta, resultaría un Total Admisible de Capturas (TAC) de 21.128 toneladas, a repartir entre España y Portugal. "Un reparto que, según el primer borrador, dejaría a nuestro país una participación del 40%, es decir, 8.451 toneladas anuales", ha manifestado.
"Se trata de una cantidad inaceptable teniendo en cuenta que sólo el sector cerquero andaluz ya viene pescando un volumen similar según las capturas de la flota del golfo en los últimos diez años, aportados por las lonjas en primera venta", ha puntualizado. Por ello, ha reiterado, "hemos trasladado al Gobierno central la necesidad de aumentar este tope de capturas, que resulta insuficiente, y mejorar la desigual e injusta clave de reparto entre los dos países, España y Portugal".
"Este gobierno y el sector pesquero andaluz somos los primeros interesados en garantizar la perviviencia de los caladeros y, precisamente por ello, la flota cerquera del Golfo de Cádiz ha realizado un enorme esfuerzo de ajuste en los últimos siete años", ha recordado la consejera. En este sentido, ha insistido en que "la sostenibilidad ambiental debe ir unida a la económica, por lo que no se pueden separar".
Si el Ministerio desoye estos argumentos, "la actividad de nuestros 87 barcos de cerco será prácticamente inviable; por ello, la Junta de Andalucía seguirá defendiendo a nuestro barcos y a sus tripulantes, y a nuestras zonas pesqueras en los foros que sea necesario”, ha aseverado.
