Los partidos políticos continúan esta semana las reuniones para tramitar la reforma de la Ley de Pesca Marítima, que previsiblemente votará el Congreso de los Diputados antes de que acabe el mes, y, entre otras medidas, pretende reforzar la lucha contra la pesca ilegal.
Los grupos parlamentarios celebrarán una reunión el miércoles, a puerta cerrada, para examinar el proyecto legislativo y, según varias fuentes parlamentarias consultadas, es muy probable que sea votado en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso el día 29.
La reforma tiene, entre otros objetivos, un refuerzo de las medidas contra las flotas ilegales y para ello, eleva la cuantía de las sanciones, hasta llegar, en el caso de infracciones muy graves, a penalizaciones desde los 60.000 a 600.000 euros.
También pretende potenciar la diversificación y actividades como el turismo marinero.
El PP intentará "transaccionar" con otros grupos enmiendas para tratar de consensuar esta reforma, según fuentes de este grupo parlamentarios.
Sin embargo, fuentes de la oposición han señalado que no esperan grandes modificaciones en comparación con el proyecto inicial presentado por el Gobierno.
Una vez que la comisión parlamentaria apruebe la reforma, pasará al Senado; si en esta cámara hubiera enmiendas, entonces el texto volvería de nuevo al Congreso.
Entre las enmiendas presentadas por los partidos, el PP ha propuesto "mejoras técnicas", entre las que destaca la posibilidad de regular la comercialización de los productos pesqueros, obtenidos mediante las actividades de "pesca-turismo".
Otro cambio propuesto por el PP afecta a la reducción de la sanción por infracciones que tengan un valor máximo de 15.000 euros, para quienes se acojan al "pago voluntario".
En este punto, el PP ha propuesto requisitos adicionales para evitar que "infractores reincidentes y más habituales se beneficien de esta bonificación".
Dentro de los grupos de la oposición, resaltan, por número, las enmiendas que aluden al ámbito de las competencias de las Comunidades Autónomas, presentadas por el PNV, CiU, BNG y ERC.
El PSOE ha planteado una tipificación distinta de las infracciones y del grado, ya sean "leves, graves o muy graves", además de que se incluya la acuicultura en el régimen de sanciones.
El grupo socialista ha propuesto que el importe de lo obtenido por sanciones se pueda destinar a las reservas marinas.
Izquierda Unida ha pedido una mejor regulación de la pesca recreativa, por considerar que "se dan circunstancias de agravio entre los profesionales del sector y los requisitos que han de afrontar para el desarrollo de su actividad" , frente a lo que se requiere a los aficionados.
En cuanto a las enmiendas sobre "competencias", PNV, CiU y BNG han coincidido en que las medidas para promover "pesca-turismo" sean impulsadas por las Comunidades Autónomas.
Los nacionalistas también han resaltado el papel de las autonomías en los programas de construcción, modernización y reconversión de buques.
