El Consejo de Ministros ha aprobado también la contribución al Grupo de Crecimiento Verde (Green Growth Group) y al Convenio Aarhus
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la aportación de 250.000 euros para el Registro Mundial de Buques para combatir la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR).
La creación del registro Mundial de Buques de pesca se planteó en el periodo de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de 2012, y ha sido relanzado en 2014 dotando a cada buque de un número único e intransferible a nivel mundial, para identificar y rastrear a todos los buques pesqueros de transporte refrigerado y de apoyo a la pesca que operan en los distintos océanos. Esto permitirá en todo momento tener conocimiento de las actividades que se desarrollan y el estado de operatividad y navegabilidad de estos buques.
El propósito de la creación de un registro mundial de buques es incrementar la transparencia y rastreabilidad de los buques y sus actividades, así como los productos pesqueros, mediante el intercambio y la difusión de información, esencial en la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).
El Consejo de Ministros ha aprobado igualmente la contribución voluntaria al Grupo de Crecimiento Verde (Green Growth Group) con una aportación de 8.700 euros para el año 2014.
Este Grupo se creó el pasado año en el seno de la Unión Europea, de cara a la preparación del Marco Energía y Cambio Climático a 2030, y está compuesto por países con posiciones constructivas.
El grupo pretende plantear la transición hacia una economía verde como una oportunidad para impulsar el crecimiento y favorecer la creación de empleo, elemento cuya consideración se quiere introducir de manera informal en las discusiones sobre los objetivos a 2030 con el ánimo de influir positivamente en las mismas y lograr avances.
También se ha autorizado la contribución con 3.000 euros al Convenio Aarhus para 2014. Este Convenio, ratificado más de 40 países, marcó un hito decisivo en la regulación de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.
El Convenio se encuentra ahora mismo en fase de expansión a otros países no incluidos en el ámbito de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, habiendo manifestado interés por el procedimiento de adhesión algunos estados africanos y latinoamericanos.
La participación de España en los distintos organismos internacionales lleva implícita la aceptación de ciertas obligaciones financieras derivadas de dicha participación, de acuerdo con unos criterios y baremos que en su día fueron asignados y aceptados por el Gobierno español.
