Aunque no tienen pabellón español, sino de Guinea Ecuatorial, si se demostrara cualquier relación con nuestro país, supondría la imposición de graves sanciones en materia pesquera
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca, ha comunicado a Nueva Zelanda y a la Secretaría de las Partes Contratantes de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos (CCRMVA) su firme apoyo y colaboración con las actuaciones e investigaciones realizadas en relación con la reciente detección de buques de Guinea Ecuatorial vinculados a la pesca ilegal en el Antártico.
Aunque los buques identificados no tienen pabellón español sino de Guinea Ecuatorial, la Administración española, en su firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal y en defensa de la pesca responsable y del sector pesquero español, iniciaría actuaciones bajo la normativa nacional y comunitaria vigente, en el caso de que se derivaran de las investigaciones en curso presuntas infracciones de ciudadanos españoles, tanto en el caso de la empresa armadora, como de tripulantes del buque.
Si se demuestra esa vinculación, bajo el Estado de derecho en España y con la normativa vigente, serían necesarias las pruebas y evidencias documentales, como las que han permitido en años recientes a la Administración española tomar acciones pioneras y únicas en este mismo caladero, gracias a la cooperación de otras Partes Contratantes como Australia, que han supuesto la imposición de fuertes sanciones a nacionales relacionados con actividades de pesca ilegal. España ya ha solicitado la información disponible a las autoridades neozelandesas.
En la actualidad existe actividad de flota española en la zona, actividad perfectamente autorizada y controlada. Por ello, la presencia de buques relacionados con la pesca ilegal en la zona y su supuesta vinculación con intereses españoles es inaceptable, ya que supone un quebranto de la normativa nacional así como la internacional para proteger los recursos y respetar las medidas de conservación de los mismos establecidas multilateralmente para su sostenibilidad.
Dentro de este firme compromiso, cabe destacar también la reciente modificación de la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado (Ley 33/2014, de 26 de diciembre) que supone, entre otros elementos, reforzar la capacidad de las autoridades españolas en consonancia con la normativa comunitaria vigente de lucha contra la pesca INDNR (Reglamento (CE) 1005/2008). Así, en el ámbito del control de importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países bajo este Reglamento, nuestro país ya es líder indiscutible a nivel comunitario en su aplicación.
La flota española está sometida a los más altos estándares de control y cumplimiento a nivel mundial, derivados de la normativa nacional y comunitaria vigentes, con elementos como el sistema de localización geográfica por satélite o el Diario Electrónico de Pesca (DEA). Además, a ello se suman las iniciativas de transparencia surgidas en colaboración con el sector pesquero, como las de vigilancia cooperativa en el oeste de África o el protocolo de monitorización para el control de importaciones, o el apoyo financiero y técnico de la Administración española al desarrollo del Registro FAO de buques.
