Los Estados miembros debatieron por primera vez una propuesta que permitiría excluir esos productos, aunque contaran con una autorización a nivel comunitario por no suponer un riesgo para la salud humana o animal, ni por motivos medioambientales.
Los países de la Unión Europea (UE) criticaron la idea de dar a los Estados miembros la opción de prohibir en su territorio el uso de los alimentos o piensos transgénicos importados una medida que, según la mayoría de las delegaciones, podría crear distorsiones en el mercado interior.
Los Estados miembros debatieron por primera vez una propuesta de la Comisión Europea (CE) que permitiría a los países excluir de su cadena alimentaria esos productos, aunque estos contaran con una autorización a nivel comunitario por no suponer un riesgo para la salud humana o animal, ni por motivos medioambientales.
Muchas delegaciones pidieron una evaluación de impacto sobre las consecuencias de esta propuesta, y animaron a la CE a estudiar además su compatibilidad con la libre circulación de mercancías en la UE y con los acuerdos comerciales con terceros países.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, recordó ante sus homólogos que la normativa europea sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM) es "de las más estrictas y seguras" a nivel mundial, y subrayó que España apoya las decisiones basadas en el aval científico de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria.
La propuesta de la CE, según España, no afectaría solo a un territorio sino que podría tener repercusiones más amplias, dijo la ministra, que también expresó "dudas sobre la compatibilidad con compromisos internacionales" de la Unión.
"Creemos que deben analizarse las consecuencias de la propuesta sobre la libre circulación de los piensos u alimentos y el riesgo de fragmentación de mercado", según la ministra, que añadió que además se correría el riesgo de alejar de la UE proyectos de inversión en biotecnología.
El conjunto de los países planteó reservas a la propuesta, y muchos, como Austria, Alemania u Holanda, la calificaron además de poco práctica e inviable.
La propuesta planteada el pasado abril por la CE plantea que para poder acogerse a una exclusión, los países deberán basarse en razones diferentes a las examinadas a nivel europeo (el riesgo para la salud humana o animal o motivos medioambientales).
Por ejemplo, el Estado en cuestión podría argumentar la oposición existente entre los ciudadanos de ese país a los OGM.
Según el Ejecutivo comunitario, de esa manera se responde "a las preocupaciones de los ciudadanos, que pueden variar de un país a otro".
Con su propuesta, la CE busca completar la regulación de los transgénicos, para los que la UE ya aprobó este año nuevas disposiciones relativas a los cultivos, que permiten a los países restringir o prohibir los cultivos que contengan OGM en sus propios territorios.
La reforma de esta legislación llevaba cuatro años bloqueada por los desacuerdos entre los Estados pro y anti transgénicos.
Más del 60 % de las necesidades europeas de proteínas vegetales para el ganado se cubren con piensos a base de soja importados de terceros países, como Argentina, Brasil o Estados Unidos, donde el cultivo de OGM está generalizado.
Al término del debate, el comisario europeo de Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, indicó que si los países no dan apoyo a la propuesta, la CE no tendrá más remedio de seguir con el sistema actual de autorizaciones, basado en el criterio de la EFSA, aunque dejó claro que "el estatus quo no será la solución adecuada".
Por ello, confió en que los países "discutan de manera constructiva" la propuesta presentada.
