Clara Aguilera reclama al Gobierno central que se extremen los controles aduaneros para que se cumplan los contingentes de frutas y hortalizas en el covenio vigente.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha
mostrado su satisfacción por el aplazamiento de la firma del nuevo acuerdo de
asociación comercial entre la
Unión Europea (UE) y Marruecos, gracias a la posición
defendida desde la Junta
de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)
para demostrar a las autoridades comunitarias que no hay suficiente control
aduanero en Europa para garantizar que el país marroquí cumple con exactitud
los contingentes de frutas y hortalizas pactados en el convenio en vigor.
En este sentido, la
Consejería de Agricultura considera que es prioritario
asegurar el cumplimiento de las condiciones comerciales del actual acuerdo
UE-Marruecos en vigor antes de renovarlo. Para conseguirlo, Aguilera ha
reclamado al Gobierno central que se endurezcan las condiciones de control
aduanero en todo el territorio nacional para detectar los incumplimientos de los
exportadores marroquíes. Por el momento, y según las informaciones facilitadas
desde el Ministerio, ya se han confirmado incumplimientos en los precios de
entrada de tomate durante las primeras semanas de campaña.
Una vez confirmado el aplazamiento en la rúbrica del nuevo acuerdo comercial, la Consejería de
Agricultura mantiene su línea de trabajo para conseguir que Bruselas tenga en
cuenta en las negociaciones con Marruecos las repercusiones económicas de un
nuevo acuerdo para las frutas y hortalizas andaluzas. "Debe mantenerse un
enfoque de reciprocidad, y nadie debe olvidar que si las repercusiones del
nuevo acuerdo son graves para Andalucía, entonces deben estar previstas unas
compensaciones", según la consejera de Agricultura, quien defiende en todo
momento que "en un mismo mercado hay que cumplir las mismas reglas de
juego".
Por otra parte, la
Consejería de Agricultura ya ha solicitado a la Comisión Europea
a través del Ministerio que se ponga en marcha la comisión bilateral
hispano-marroquí en la que el Gobierno andaluz debe tener un representante para
defender de forma directa los intereses de los productores de frutas y
hortalizas de la región.
