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La Confederación Española de Pesca (Cepesca) defiende que la futura gestión de la pesca en la Unión Europea (UE) se base en un sistema de derechos transferibles a nivel comunitario y que, en función de las diferentes pesquerías, se centren en el esfuerzo pesquero o en cuotas.

Esta es una de las peticiones que realiza Cepesca en un documento, aprobado por su Junta Directiva, con la postura de la Confederación sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC), y que ha remitido a la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea (CE).

Cepesca ha señalado que los derechos de pesca permiten a las empresas realizar una planificación de su actividad a largo plazo, facilitan el ajuste de la capacidad de la flota a los recursos existentes y favorecen la seguridad de las tripulaciones, entre otras cuestiones.

El documento recoge que la pesca es una actividad económica y empresarial que necesita seguridad jurídica, que, en opinión de Cepesca, se puede lograr con unas normas "claras, sencillas, fácilmente aplicables y uniformes en toda la UE".

Las mismas fuentes han indicado que en la actividad pesquera también se deben aplicar las normas del mercado interior y el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad y han considerado que la investigación aplicada y las evaluaciones científicas tienen que ser un pilar básico de la nueva PPC.

Asimismo, han asegurado que tanto la flota artesanal como la flota de altura son igual de importantes, por lo que "deben estar bien gestionadas" y han abogado por que, "sin distorsionar la competencia y atendiendo a sus particularidades y especificidades, la flota artesanal pueda tener un tratamiento diferenciado del resto".

Han apostado por que la dimensión exterior "se siga basando en acuerdos de asociación pesquera mejorados y en un papel de liderazgo de la UE en las Organizaciones Regionales de Pesca".

Han considerado que la UE "debería poner todos los medios necesarios" para terminar con la piratería en el Océano Índico.

Además, han precisado que las prioridades principales de la futura financiación pública se base en los objetivos de la PPC de garantizar el desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos y la viabilidad de la flota comunitaria y de los trabajadores del mar.