Los inspectores de la Junta harán controles en puntos de venta de este producto, de gran importancia en las economías domésticas.
La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo,
con la colaboración de la Dirección General de Industrias y Calidad
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, realiza entre mayo y
junio una campaña de inspección sobre el aceite de oliva al que acceden
los consumidores en los diferentes establecimientos y puntos de venta,
con el objetivo de controlar la posible existencia de alteraciones,
adulteraciones o fraudes. Las inspecciones se ceñirán a las provincias
de Jaén y Córdoba, al tratarse de las mayores productoras de aceite en
Andalucía.
En concreto, se realizarán un centenar de controles
que incluirán comprobaciones de etiquetado y tomas de muestra, que
serán analizadas en los laboratorios de la Consejería de Agricultura.
La importancia del aceite de oliva para las economías doméstica, al
tratarse de un artículo de consumo masivo, ha hecho aconsejable
realizar esta batería de inspecciones.
Durante la campaña se
comprobará que se cumple con la prohibición de comercializar productos
a granel, se verificará que la capacidad de los envases almacenados y
puestos a la venta se adapta a la normativa, así como que los precintos
quedan inutilizados al abrir los envases. Igualmente, se controlará la
trazabilidad -la trayectoria que ha seguido un producto en la cadena de
suministros-.
En el laboratorio, por su parte, se estudiarán las
características químicas de los aceites que se sometan a estudio
(acidez y perfil de ácidos grasos, entre otros). Asimismo, se cotejará
si el contenido de los envases se corresponde con el del producto que
se anuncia en la etiqueta, ya que de lo contrario se incurre en un
fraude que conllevaría la correspondiente sanción administrativa
derivada de la normativa que protege a los consumidores y usuarios, con
independencia de que, al tratarse de un delito, la Administración de
Consumo pueda, en su caso, dar traslado a las autoridades competentes.
Respecto
al control de etiquetado, se estudiarán envases de distintas
capacidades y se realizarán un total de 50 inspecciones (25 en la
provincia de Córdoba y 25 en Jaén). En cuanto a toma de muestras, se
efectuarán también 50 (la mitad en cada una de las provincias donde se
desarrolla la campaña) sobre los mismos productos en los que se
controla el etiquetado.
El grueso de la campaña, concretamente
el 90% de las actuaciones, se centrará en aceites etiquetados con la
denominación 'Aceite de oliva virgen extra' y 'Aceite de oliva virgen'.
En
esta campaña se efectuarán controles en comercios detallistas de
alimentación, en medianas y grandes superficies, así como en tiendas
especializadas en la venta de aceites. Igualmente, los inspectores de
Consumo harán especial hincapié en marcas en las que se haya confirmado
adulteración del producto en campañas de inspección anteriores.
Prestarán también especial atención a marcas con poca implantación en
el mercado y que se vendan a un precio inusualmente bajo.
Durante
los años 2008 y 2009 no se realizaron por parte de la Dirección General
de Consumo campañas de inspección específicas del aceite de oliva que
llega al consumidor final, si bien estos controles se enmarcaron en las
campañas genéricas de productos alimenticios que lleva a cabo
anualmente este centro directivo de la Consejería de Salud. De los 80
controles realizados en dicho periodo sobre el aceite de oliva
comercializado para su venta al público, sólo el 5% dio como resultado
algún tipo de irregularidad en materia de Consumo, por fraude en la
clasificación de los aceites y por deficiencias en el etiquetado
nutricional.
Según la normativa comunitaria vigente, sólo hay
cuatro denominaciones con las que se permite la comercialización del
aceite: ‘Aceite de oliva virgen extra', ‘Aceite de oliva virgen',
‘Aceite de oliva' y ‘Aceite de orujo de oliva'.
Los
incumplimientos de la normativa referidos a irregularidades de
etiquetado pueden castigarse con multas de entre 200 y 5.000 euros, por
ser constitutivos de infracciones leves, mientras que, en caso de que
se detecte, una vez recibido el ensayo del laboratorio, que la
categoría del aceite no coincide con la publicitada, la sanción podría
oscilar entre los 5.001 y 30.000 euros, por tratarse de una actuación
fraudulenta considerada como infracción grave, todo ello en virtud de
la normativa en materia de defensa y protección de los consumidores y
usuarios de Andalucía.
