La UE se ha fijado la meta de que, en 2020, el 10% de los carburantes usados en el sector del transporte procedan de fuentes renovables.
La Comisión Europea anunció la
creación de un nuevo sistema de certificados para impulsar el uso de
biocombustibles respetuosos con el medio ambiente en la Unión
Europea.
Los combustibles producidos a partir del tratamiento de materia
orgánica compiten directamente con la producción de alimentos y son
considerados por sus detractores como una de las principales causas
de deforestación.
La CE opina, en cambio, que el impacto negativo de los
biocarburantes en el medio ambiente aún no ha sido suficientemente
probado y señala que presentará un informe al respecto a finales de
año.
Además, la UE se ha fijado la meta de que, en 2020, el 10% de los
carburantes usados en el sector del transporte procedan de fuentes
renovables y Bruselas no pierde de vista que los biocombustibles
representan una importante contribución.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario quiere asegurarse de
que los combustibles de esta gama empleados en la Unión (incluidos
los importados) han sido producidos, transportados y comercializados
de una manera sostenible de acuerdo con las exigencias ambientales
europeas.
Esto incluye garantizar que los cultivos necesarios para obtener
estos carburantes no han sido plantados en terrenos robados a las
selvas tropicales, bosques o áreas protegidas.
Los agricultores tendrán que probar, por tanto, que antes de
enero de 2008 las tierras ya eran plantaciones destinadas a este
mismo fin y respetar normas europeas como las que regulan el uso de
fertilizantes.
No sólo se tendrá en cuenta la producción sino también el medio
de transporte utilizado para trasladar el producto, ya que no todos
emiten la misma cantidad de gases contaminantes.
Una vez se disponga de los datos de todo el proceso, se realizará
un cómputo final y se calculará el ahorro de dióxido de carbono
(CO2) que supone ese biocombustible con respecto a carburantes
tradicionales como la gasolina y el diesel.
Todos aquellos biocombustibles que no logren un ahorro de al
menos un 35% no podrán recibir el certificado comunitario y, en
consecuencia, no podrán ser contabilizados por los estados miembros
para alcanzar su objetivo de renovables, aunque sí podrán seguir
siendo importados.
Además, la CE indicó que a partir de 2017 la exigencia de ahorro
mínimo se elevará hasta el 50%.
Los controles necesarios durante todo el proceso, desde el
agricultor hasta el suministrador del combustible, tendrán que ser
llevados a cabo por auditores independientes para asegurar la
fiabilidad de las pruebas que se presenten para obtener la
certificación europea.
El sello europeo tendrá una validez de cinco años, pero la
Comisión recalca que si durante ese tiempo se detecta que se están
infringiendo las normas medioambientales el certificado podrá ser
cancelado en cualquier momento.
La concesión de los certificados dependerá de la CE y de un grupo
formado por un experto de cada país de la UE y, una vez se otorgue,
deberá ser reconocido por los Veintisiete, con lo que se ahorrarán
una cantidad considerable de gestiones administrativas bilaterales.
El nuevo sistema, que previsiblemente estará en vigor el próximo
mes de diciembre, tiene un carácter "voluntario", aunque implica
sanciones indirectas para la industria energética y los países que
no participen.
En concreto, las empresas que no puedan certificar la
sostenibilidad de sus biocombustibles tampoco podrán optar a recibir
subvenciones y los estados miembros que empleen carburantes de este
tipo sin el sello comunitario no podrán tenerlos en cuenta en su
objetivo nacional de renovables.
