El uso de estos venenos en el medio rural no es sólo peligroso para la fauna, sino también para la salud humana.
El uso de cebos envenenados es, tras
los incendios, uno de los grandes problemas del medio ambiente, una
práctica considerada como delito en el Código Penal y que ha llevado
a emprender una lucha cada vez más sofisticada en zonas como Cádiz,
donde en los últimos cinco años fueron detenidas 41 personas.
Así lo han explicado la delegada en Cádiz de la Consejería de
Medio Ambiente, Silvia López, y el teniente coronel de la Guardia
Civil, Rafael Alarcón, en la presentación de un curso que se celebra
en Cádiz para ofrecer técnicas de investigación policial y forense a
los agentes que forman parte de la lucha contra el uso de cebos.
Agentes de la Guardia Civil y de Medio Ambiente participan en
este curso, pionero en Andalucía y un paso más en la estrategia de
lucha contra el uso de cebos envenenados que la comunidad emprendió
en 2004, después de que las alarmas saltaran cuando tres ejemplares
de águila imperial ibérica, la especie más amenazada de Europa,
murieran envenenadas en Cádiz.
El uso de estos venenos en el medio rural no es sólo peligroso
para la fauna, sino que también "constituye un verdadero riesgo para
la salud humana ya que para la elaboración de los cebos se usan
trozos de salchichón, magdalenas y otros alimentos. Si es capaz de
matar a un pastor alemán de 15 o 20 kilos ¿qué ocurriría si un niño
ingiere accidentalmente una de esas magdalenas?", ha cuestionado
Silvia López.
El artículo 3.36 del Código Penal castiga con hasta dos años de
prisión colocar estos cebos venenosos, habitualmente para mermar
predadores como zorros o perros asilvestrados, aunque en algún caso
también se han producido como venganzas entre vecinos.
Este delito ha llevado a sentencias como la que se produjo a
finales de 2009, cuando el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ratificó el cierre de cinco años de un coto de caza de
Tarifa en el que en 2008 fueron hallados cebos de uno de los venenos
más potentes, el carbonato Aldicarb, en la época de inicio de la
reproducción de las especies.
Esta actuación llevó también a la imposición de una multa de
60.010 euros al coto y es una de las emprendidas dentro de una lucha
en la que, según la delegada, tiene mucho que ver "la labor
preventiva" y disuasoria que realizan los agentes especializados
sobre el terreno, porque la posterior, una vez ocurrido el
envenenamiento, es de mayor complejidad.
"Es una investigación policial pura", ha apuntado Rafael Alarcón.
Por ello, el programa andaluz contra los venenos, "un referente a
nivel europeo", según Silvia López, cuenta con patrullas
especializadas en Jaén, Almería y Granada, a las que próximamente se
unirán cinco en Cádiz, compuestas cada una por dos agentes ayudados
por perros adiestrados en la detección de estas sustancias tóxicas.
La lucha contra los cebos envenenados ha llevado en los últimos
cinco años a la detención de 41 personas sólo en Cádiz y a la
incautación de 30.000 kilos de veneno y parece dar sus frutos ya que
de los 22 casos detectados en 2008 en la misma provincia se ha
pasado a nueve el año pasado.
