El convenio pesquero de la UE con el país magrebí ofrece cien licencias para barcos españoles y expira en febrero de 2011.
Las relaciones pesqueras entre la UE y Marruecos se han tensado cada
vez más en 2010 por el problema del Sahara occidental y ahora, cuando
faltan dos meses para que acabe el actual acuerdo, crece la
incertidumbre sobre su renovación y la permanencia de la flota europea
en aguas marroquíes.
El convenio pesquero de la UE con el país
magrebí, que ofrece cien licencias para barcos españoles, expira en
febrero de 2011 y todavía no hay indicios, al menos oficiales, de que
ambas partes estén avanzando en las discusiones para su prolongación.
El conflicto está en las exigencias de Bruselas para que Rabat
demuestre que el pacto beneficia a los habitantes de los territorios
del Sahara occidental.
La petición fue anterior a la crispación
en las relaciones entre España y Marruecos del pasado verano, que se
acrecentó con el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún el pasado
8 de noviembre, por parte de las autoridades marroquíes.
En
Bruselas, las denuncias de ONG y los informes que cuestionaban la
legalidad del acuerdo pesquero, por incluir a caladeros saharauis,
tuvieron en 2010 una mayor acogida en las instituciones de la UE que en
ocasiones anteriores.
Destacan el dictamen de los servicios
jurídicos del Parlamento Europeo (PE) o la propia comisaria europea de
Pesca, María Damanaki, quien a ese respecto ha mantenido una posición
dura frente a Rabat.
El último gesto de la comisaria ha sido la
preparación de un documento, que ha
remitido al resto del equipo de la Comisión Europea (CE), en el que
plantea negociar un arreglo con Marruecos que excluya los caladeros del
Sahara occidental y que, por ejemplo, adjunte una cláusula sobre
derechos humanos.
El protocolo actual es considerado el de
mayor importancia política en materia pesquera para la UE y permitió a
los barcos europeos retornar al caladero marroquí en 2007, después de
ocho años de ausencia en esas aguas y planes para promover la
reconversión de la flota afectada.
El compromiso supone 119
permisos de pesca para los navíos comunitarios, un centenar españoles,
sobre todo de Andalucía y Canarias; a cambio, la UE paga al año 36,1
millones de euros al país norteafricano, una parte para su sector
pesquero y otra para medidas de desarrollo.
En febrero de 2010,
el servicio jurídico de la Eurocámara cuestionó la legalidad del
convenio por incluir las aguas del Sahara occidental y no beneficiar
adecuadamente a las poblaciones de estos territorios.
Como
reacción, Damanaki exigió en mayo a Rabat que demostrara que el pacto
estaba favoreciendo a los habitantes saharauis e hizo de esa petición
un requisito indispensable para entablar negociaciones con los
marroquíes.
Posteriormente ha habido reuniones entre los representantes de Bruselas y de Rabat, pero sin llegar a un consenso.
El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taib Fassi-Fihri, declaró
este mes durante su visita al Parlamento Europeo que recurrir al Sahara
es "una estratagema de aquellos que quieren atacar a Marruecos".
"Si no hay acuerdo no es nuestra culpa, es la de los que hoy se
inventan argumentos jurídicos, que deberán asumir la falta de actividad
de los pescadores españoles", declaró Fassi-Fihri, en una de sus
incisivas ruedas de prensa.
Las aguas saharauis son conocidas por su riqueza en recursos pesqueros.
Otra pregunta práctica es la rentabilidad del convenio, pues en realidad no se están utilizando las cien licencias.
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y
presidente de la asociación europea de armadores Europesca, Javier
Garat, explicó, que aunque "ya no es como antes", es
importante renovarlo, porque de lo contrario supondría otro cese de
actividad y otra oportunidad menos para la flota europea.
En el
supuesto de que se negociara un nuevo acuerdo, Garat abogó por revisar
sus términos y arreglar problemas técnicos, como las restricciones a la
pesca con luces, que en el presente convenio han dificultado el acceso
a las aguas marroquíes.
