Tras la reunión que ha mantenido en Madrid la Interprofesional Láctea (Inlac), formada por Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja, COAG y UPA, y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil).
Los productores y la industria están ultimando un documento de
alegaciones al borrador de Real Decreto sobre la suscripción
obligatoria de contratos de leche cruda en el territorio nacional, con
el objetivo de enviarlo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) esta semana.
Así lo han manifestado
fuentes del sector tras la reunión que ha mantenido en Madrid la
Interprofesional Láctea (Inlac), formada por Cooperativas
Agro-alimentarias, Asaja, COAG y UPA, y la Federación Nacional de
Industrias Lácteas (Fenil).
Las mismas fuentes han explicado
que en el encuentro ha habido consenso para que se elabore un modelo
único de contrato y que así no haya problemas en la negociación entre
las partes y que se introduzca la posibilidad de los indicadores de
precios, cuyos parámetros están estudiando dos universidades, con el
fin de tomarlos como referencia en el caso de que no haya un acuerdo.
Entre los puntos en los que no existe una única postura se encuentran
el funcionamiento de las Organizaciones de Productores (OP) y la
creación de la figura del "mediador", que actúe si no existe un acuerdo
entre ganadero e industria.
El director de Fenil, Luis
Calabozo, ha calificado de "positiva" la reunión y ha abogado por la
existencia de contratos únicos, así como dotar a Inlac de capacidad
para poder extender normas de manera "coherente" que puedan responder a
las expectativas del sector.
Calabozo ha apostado, además, por
adaptarse a la realidad de los mercados con el objetivo de recuperar
cuota, "salvaguardando" las garantías de recogida, dotando de
estabilidad al sector y defendiendo el valor de la leche de cara al
consumidor.
El secretario general de Xóvenes Agricultores
(XXAA), Francisco Bello, ha destacado que la mayoría de las alegaciones
van a ser consensuadas en el marco de la Interprofesional, por lo que
tendrán más peso a la hora de que el MARM las tenga en cuenta.
Bello ha señalado que no existe una única postura en el caso del
funcionamiento de las Organizaciones de Productores y de la creación
del "mediador", si bien existe un acuerdo para dotar de poder de
negociación a Inlac.
La responsable de Producciones Ganaderas
de COAG, Charo Arredondo, ha subrayado la necesidad de que la
negociación de los contratos se haga a través de la Inlac, "porque si
no, va a haber indefensión para el ganadero".
Arredondo ha
explicado que a corto plazo "no ve la idea de las Organizaciones de
Productores", por lo que han planteado que cada organización agraria
envíe sus propias alegaciones.
Por su parte, el responsable de
Ganadería de UPA y presidente de Inlac, Román Santalla, ha resaltado el
"esfuerzo y la capacidad" negociadora de las partes, ya que se han
consensuado la mayor parte de las alegaciones al Real Decreto que
prepara el Gobierno.
Santalla ha apostado por potenciar las
funciones de la Inlac y por que el Ministerio recoja el cien por cien
de las peticiones del sector.
Según el último borrador de Real
Decreto, el MARM baraja la posibilidad de que la Inlac pueda alcanzar
acuerdos, decisiones y prácticas concertadas, aunque con ciertas
limitaciones.
En concreto, recoge que en ningún caso podrán
alcanzarse acuerdos que estén relacionados con la "partición de
mercados" y que puedan producir distorsiones de la competencia.
Según precisa, en ningún caso pueden afectar al correcto funcionamiento
de la organización del mercado, referirse a la fijación de precios o
crear discriminación o eliminar la competencia en relación de una
proporción importante de los productos de que se trate.
En
cuanto a las organizaciones de productores, subraya que deberán agrupar
un mínimo de producción comercializable, que será de 300.000 toneladas
en el caso de la leche de vaca (10.000 toneladas en Baleares, Canarias
y denominaciones de calidad) y 30.000 toneladas para leche de oveja y
cabra (1.000 toneladas en Baleares, Canarias y denominaciones de
calidad).
Las organizaciones de productores pueden negociar las
condiciones de los contratos, pero en su caso no pueden representar más
del 33 por ciento de la producción total de España.
