El Consejo aprueba el nuevo régimen general de planificación de actividades, que mantiene su prevalencia sobre los planes de ordenación urbana.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece el nuevo
régimen general de planificación de usos y actividades en los 24
parques naturales de Andalucía. Esta norma, que también introduce
medidas para reducir trámites administrativos a ciudadanos y empresas,
afecta a un área de influencia socioeconómica de 3,5 millones de
hectáreas (el 40% de la superficie regional) integrada por 238
municipios y 2,7 millones de habitantes (el 36% de la población
andaluza).
El decreto, orientado principalmente a mejorar y
homogeneizar la gestión de los parques, ha sido elaborado con el
respaldo mayoritario de las juntas rectoras, patronatos y consejos de
participación de estos espacios protegidos. Más de un 60% de las
alegaciones recibidas durante el proceso de información pública se ha
incorporado a su redacción definitiva.
El consejero de Medio
Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha elogiado el decreto por cuanto
permitirá mejorar la relación de los ciudadanos con los entornos
naturales, favorecer la productividad de estos espacios como "fuente de
riqueza y empleo" y mejorar su conservación y sostenibilidad. Tras
recordar que un 40% del territorio andaluz presenta algún grado de
protección y que, en el plazo de dos años, esta cobertura podría
alcanzar a la mitad de la región, Díaz Trillo ha recordado que los
ciudadanos valoran estos entornos por su contribución al desarrollo
social y económico y que la comunidad tiene consolidada la red más
importante de espacios protegidos de Europa.
Respecto a la
participación de los distintos agentes ambientales, el consejero ha
trasladado su agradecimiento a todos los sectores que han presentado
sus aportaciones y ha asegurado que se trata de un decreto "muy
compartido" en su elaboración.
La nueva regulación común
salvaguardará las singularidades recogidas en los vigentes planes de
ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de cada parque
natural, que seguirán prevaleciendo sobre los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU) en lo relativo a actividades en suelos no
urbanizables. En este sentido, los planes de ordenación dividen el
territorio de los distintos parques en tres tipos de zonas: de reserva
o máxima protección; de regulación especial o protección intermedia, y
de regulación común para territorios habitados o con alto grado de
intervención humana.
De igual modo, el decreto mantiene la
obligación de autorización previa para los proyectos urbanísticos, con
la excepción de pequeñas obras de instalaciones de servicio y
rehabilitación o reforma que no alteren el volumen edificado ni las
características externas y no requieran de proyecto técnico. En este
caso bastará con la comunicación previa.
En cuanto a las medidas
de simplificación administrativa, la norma aprobada introduce
disposiciones para reducir la carga burocrática, eliminar duplicidades,
simplificar trámites, acortar los tiempos de respuesta y establecer el
silencio administrativo positivo como norma general en caso de no
resolver dentro de los plazos establecidos.
Entre otras
novedades, se incorporan procedimientos abreviados de 15 días para las
autorizaciones de seis grandes bloques de actividades que anteriormente
requerían trámites de dos meses. Se trata de los eventos deportivos de
pesca marítima recreativa; los tratamientos fitosanitarios aéreos en
terrenos forestales; las actividades de ocio y deporte de naturaleza en
caminos, pistas forestales y espacios con limitación de acceso
(cicloturismo y senderismo entre ellas); las acampadas nocturnas y
vivaqueos vinculados a travesía de montaña; la filmación, fotografía y
grabación con uso de equipos auxiliares, y las actividades de ocio y
deporte fuera de los lugares designados previamente para ellas en cada
parque natural.
Tramitación telemática
Junto
con estos procedimientos abreviados, el decreto fija también otro
conjunto de actividades para las que no se exigen autorizaciones sino
únicamente comunicaciones previas. En todos los casos, la Consejería de
Medio Ambiente pondrá a disposición de los ciudadanos una herramienta
informática específica de tramitación electrónica, cuya creación
también se recoge en la norma.
Las disposiciones de reducción de
la carga burocrática en los parques naturales se enmarcan en el proceso
de adecuación de la legislación autonómica a la Directiva europea de
servicios en el mercado interior. Esta norma comunitaria, orientada a
eliminar barreras administrativas para la actividad económica, conlleva
la adecuación de 17 leyes de la comunidad autónoma, así como de 92
decretos y 27 órdenes.
El decreto aprobado entrará en vigor en
el plazo de un mes, periodo durante el que se informará a los
habitantes de los parques naturales andaluces acerca de su contenido y
de las novedades que conlleva.
