Tras los trabajos de valoración de los daños se ha determinado una indemnización total de 7,8 millones de euros.
La Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Felicidad Montero, junto con el Director de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA), Fernando Burgaz, se ha reunido en
Sevilla con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias
ASAJA, COAG y UPA, de Cooperativas Agroalimentarias y de AGROSEGURO,
donde ha explicado el proceso de pago, por parte del MARM, de las
ayudas destinadas a los agricultores que sufrieron el pasado año daños
en sus explotaciones no amparados por el sistema de Seguros Agrarios.
Tal como ha explicado la Subsecretaria, un total de 8.359
agricultores solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino ayudas para paliar los daños registrados en sus explotaciones,
no garantizados por el sistema de seguros agrarios y para cuya
compensación el Departamento estableció una línea de ayudas regulada en
el marco de las medidas urgentes para paliar daños producidos por
incendios forestales y otras catástrofes naturales.
Dichas solicitudes provenían en su mayor parte de las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha representando, entre ambas,
algo más del 85% del número total. El resto de solicitudes se
distribuía entre las Comunidades Autónomas de Extremadura, Murcia,
Valencia y Cataluña.
La valoración de los daños, ha indicado Felicidad Montero,
realizada con la participación de los interesados y de sus
organizaciones representativas, ha dado como resultado una
indemnización, hasta este momento, de 7,8 millones de euros, habiéndose
ya procedido al abono de 5,8 millones de euros quedando el resto
pendiente de que los agricultores correspondientes cumplimenten algunos
trámites pendientes.
Todos los agricultores solicitantes están recibiendo una
notificación personalizada en la que se les comunica el resultado de su
expediente.
Con la conclusión de estos trabajos se da cumplimiento al
compromiso adquirido por este Ministerio de ayudar, en el marco de lo
previsto en la Ley 3/2010, a los agricultores que sufrieron daños en
sus producciones que no estaban amparados en el marco del sistema de
seguros agrarios.
