El MARM ha pactado con los representantes salientes de las Comunidades Autónomas un Real Decreto que incorpora a la Ley de Desarrollo Rural los Contratos Territoriales de Explotación, una figura legislativa que incrementa aún más los compromisos medioambientales de los agricultores sin aportar ningún valor añadido y que ha resultado un auténtico fracaso en otros países comunitarios como Francia.
Cuatro años después de ser aprobada, el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se propone ahora poner en marcha la Ley
de Desarrollo Rural, una Ley que incluye los Contratos Territoriales de
Explotación como un requisito legislativo añadido por el que el agricultor
suscribe nuevos compromisos de carácter medioambiental en el desarrollo de su
actividad productiva. Sin embargo, la
ineficacia de este tipo de contratos, la falta de consenso que han suscitado
entre las Comunidades Autónomas y la pésima experiencia que dejan en otros
países comunitarios llevan a ASAJA-Sevilla a
pedir al MARM su retirada de la Ley.
Los Contratos Territoriales de Explotación (CTE) son
una figura legislativa que se puso en marcha en algunos países como Francia
tras la reforma de la PAC
de la Agenda
2000, como consecuencia de planteamientos puramente teóricos y cuya
implantación resultó un completo desastre, lo que les obligó a dejarlos
aparcados. En España este tipo de
contratos no se han llevado nunca a la práctica. No obstante, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural, sí los contempla, aunque los
circunscribe exclusivamente a medidas desarrolladas en esta Ley no agraria.
Son las organizaciones
medioambientalistas (WWF, Greenpeace, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y
otras), muy distantes de los intereses
reales de los agricultores y ganaderos, las que pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de
Explotación para reverdecer la
propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de desarrollo sostenible
del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de
carácter medioambiental, similares a los que defienden Gran Bretaña o Suecia en
la futura reforma de la PAC, dejando la vertiente
productiva de la actividad agraria en un plano totalmente secundario.
Desde ASAJA entendemos que no tiene ningún sentido implementar ahora en España
este tipo de contrato que ya ha fracasado fuera, máxime cuando no aporta ningún
valor añadido para el agricultor y ganadero.
Los estándares medioambientales con los que cumplen
los agricultores españoles son ya suficientemente elevados, pero además, muchos
agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de
desarrollo rural, compromiso plurianuales más exigentes, como son las medidas
agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de
carácter anual como es el caso de la Solicitud de Pago Único (que además integra la solicitud de todas la
medidas), por lo que ASAJA-Sevilla rechaza más compromisos medioambientales y
más burocracia.
Ni siquiera este instrumento legal ha contado con el
refrendo suficiente por parte de las Comunidades Autónomas encargadas de
aplicarlo, por lo que ante la falta de consenso se optó por contemplarlo como
una medida opcional en cada Plan de Desarrollo Rural. Ahora, con nuevos
gobiernos autonómicos en la mayor parte de España parece que lo lógico sería
retirar la actual redacción de los Contratos Territoriales de Explotación y
proponer una modificación del artículo 16 de la Ley que lo regula.