El
Secretario General de Medio Rural, Eduardo Tamarit, ha presidido la
reunión de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, en la que se ha
revisado el proyecto de Real Decreto del Ministerio que regula el
contrato territorial, como instrumento para promover un desarrollo rural
sostenible, así como los proyectos de Planes de Zona de Castilla y León
calificadas como a revitalizar.
El
proyecto de Real Decreto del contrato territorial tiene por objetivo
regular este instrumento de carácter contractual y de aplicación
voluntaria tanto para las comunidades autónomas que quieran ponerlo en
práctica como para los titulares de explotaciones agrarias que opten por
suscribirlo.
Su principal
finalidad es la retribución al titular de la explotación por las
externalidades positivas que dicha explotación genera, es decir, por
todos los efectos positivos que mejoran el estado de bienes, fines o
intereses públicos o generales, ya sean sociales, ambientales o
económicos, siempre que resulten diferentes de los de la propia
explotación.
El contrato
territorial también pretende ser un instrumento adaptable a la realidad y
potencialidades de cada explotación, diferenciándose de otras líneas de
apoyo como las ayudas agroambientales, pero que tienen un diseño más
rígido y básicamente las mismas características para todas las
explotaciones.
Por tanto se
trata un instrumento de apoyo al desarrollo rural sostenible innovador,
voluntario, de larga proyección y gran versatilidad, que ha contado con
un amplio acuerdo en la mesa.
El
Director General también ha informado a los miembros de la Mesa sobre
el estado de aplicación del los Planes de Zona que ya tienen preparados y
consensuados con el Ministerio las comunidades de Aragón, Navarra y
Asturias y ha planteado un análisis sobre los 28 planes de zona
presentados por la Junta de Castilla y León.
Sobre
estos planes ya se ha alcanzado un principio de acuerdo con el MARM en
el seno de la Comisión bilateral de Seguimiento, pendiente de que la
Junta complete o mejore determinados aspectos concretos de estos planes,
y del sentido del informe de la Mesa de Asociaciones y del Consejo para
el Medio Rural.
Las 28 zonas
rurales de Castilla y León cuyos proyectos de planes de zona se han
presentado están todas ellas calificadas como a revitalizar, tienen
una población de unos 643.000 habitantes (25% de la población de la
comunidad), pero ocupan una superficie de casi 72.560 km2 (el 77% de la
Comunidad Autónoma).
La Mesa
de Asociaciones es el órgano de información, interlocución y
participación de las organizaciones no gubernamentales de ámbito
nacional en las iniciativas de la Administración General del Estado
dirigidas al medio rural. En ella están representados, entre otros, las
redes de desarrollo rural, organizaciones agrarias, sindicatos, empresas
agroalimentarias, cooperativas, grupos conservacionistas,
organizaciones de mujeres y personas con discapacidad.
