La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destaca que la Ley agilizará el mercado, fomentará el reparto equitativo del valor añadido, mejorará la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena y fortalecerá la competitividad de los operadores agrarios.
La Ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha presentado el contenido y objetivos de la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo proyecto fue
aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Aguilar ha
destacado que se trata de una herramienta para el equilibrio de los
distintos eslabones de la cadena, con consecuencias positivas para los
consumidores.
El
principal objetivo de la Ley, ha señalado Rosa Aguilar es mejorar la
vertebración y el funcionamiento de la cadena alimentaria, para
aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario, así
como conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre
los diferentes operadores de la cadena de valor.
La Ministra ha
recordado que la Ley regula un Código de Buenas Prácticas comerciales,
de acuerdo voluntario, que establecerá los principios sobre los que han
de fundamentarse las relaciones comerciales entre los agentes de la
cadena de valor, basadas en principios como la transparencia, la
claridad, la concreción y la sencillez en el intercambio de
información, así como en la equidad, la responsabilidad y la buena fe
contractual.
La Ley también
modifica la normativa reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias, con el objetivo -ha señalado Rosa
Aguilar- de ampliar sus finalidades para dotarlas de
mayor seguridad jurídica, aumentar el porcentaje de su
representatividad, posibilitar la creación de Organizaciones
Interprofesionales Agrarias de segundo grado, actualizar sus
infracciones y sanciones y rebajar la representación institucional del
Consejo General de Organizaciones Interprofesionales para dotarlo de
más agilidad.
La Ley incluye igualmente la modificación de la normativa sobre contratos tipo agroalimentarios, contemplando
la posibilidad de tener en cuenta los indicadores de precios o costes,
siendo, en cualquier caso, el precio a percibir así como los
indicadores que se apliquen, libremente fijados entre las partes.
Por
último, y en relación con el régimen de contratación, la Ministra ha
explicado que la Ley regula medidas excepcionales aplicables al régimen
de contratación agroalimentario en general, recogiendo la
posibilidad de que las organizaciones de productores, en representación
de sus miembros, puedan negociar los precios y condiciones de pago de
sus contratos de producción, sólocuando así lo establezca
la legislación comunitaria en vigor y garantizando el estricto
cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia.
La
Ley, -ha apuntado la Ministra- beneficia, por tanto, a todos los
agentes de la cadena alimentaria y a la sociedad, aportando a
agricultores y ganaderos mayor poder negociador, facilitando a la
industria agroalimentaria el acopio de sus materias primas en cantidad
y a lo largo del tiempo, de acuerdo con sus necesidades, brindando a la
distribución mayor transparencia de los suministros mediante la
autorregulación y a los consumidores un adecuado nivel de precios y
mayor información sobre la cadena de valor.