Bruselas ha propuesto introducir un sistema para la identificación electrónica del ganado vacuno, que funcionará sobre una base voluntaria.
La Asociación Española de Productores de
Vacuno de Carne (Asoprovac) ha asegurado que la propuesta de la
Comisión Europea (CE) de introducir un sistema para la identificación
electrónica del ganado vacuno supone un coste "innecesario".
Bruselas ha propuesto introducir un sistema para la identificación
electrónica del ganado vacuno, que funcionará sobre una base
voluntaria, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del ganado, es
decir, el seguimiento individual de cada animal durante toda su vida, y
reducir la burocracia.
Fuentes de la asociación han manifestado
que están "totalmente en contra" de este sistema porque el
vacuno es la única especie que cuenta con trazabilidad individual
perfectamente establecida, por lo que sería un coste "innecesario".
Otro de los problemas, según han destacado, es que los costes y
beneficios a lo largo de la cadena están "totalmente desequilibrados",
ya que es el productor es el que mayores costes soporta y menos
beneficios obtiene con el sistema propuesto.
Asimismo, desde
Asoprovac han considerado que, una propuesta que implique un mínimo
incremento de costes para el sector, teniendo en cuenta la actual
crisis económica y ganadera, debe tener una justificación absolutamente
necesaria para la seguridad del consumidor, "lo cual no se cumple".
Las mismas fuentes han indicado que la opción propuesta, que deja vía
libre a los Estados Miembros para que la hagan obligatoria, "tendrá
repercusiones con seguridad para el correcto funcionamiento del mercado
único".
Han precisado que el coste estimado de implantar este
sistema en la Unión Europea (UE) y, según datos publicados en el
estudio de evaluación de impacto, alcanza unos 294,4 millones de euros
para grandes explotaciones (más de 20 cabezas); 106 millones de euros
para pequeñas explotaciones; 50,3 millones, en el caso de mercados y
centros de concentración.
Además, para mataderos el coste
inicial calculado asciende a 35,8 millones para mataderos y 20,3
millones para autoridades competentes.
La propuesta de Bruselas
necesitará la aprobación del Consejo (países de la UE) y del Parlamento
Europeo para su entrada en vigor.