El posicionamiento común entre el Gobierno andaluz y el sector rechaza definir la pesca artesanal, como lo hace la Comisión, como aquella que utiliza buques de menos de 12 metros de eslora.
La consejera de Agricultura y Pesca,
Clara Aguilera, ha firmado hoy un acuerdo con la Federación Andaluza de
Asociaciones Pesqueras (Faape), la Federación Andaluza de Cofradías de
Pescadores (Facope), la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de
Andalucía (Asema) y la Asociación Nacional de Armadores de Buques
Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar) que marcará la posición común
de Andalucía en defensa de la pesca y la acuicultura andaluza ante la
reforma de la Política Pesquera Común (PPC).
Las propuestas legislativas de la Comisión Europea no garantizan la
viabilidad de la comunidad pesquera andaluza y por ello es necesario
hacer un frente común y luchar porque se contemplen las necesidades de
nuestro sector. La pesca costera artesanal, el marisqueo y las
almadrabas, fundamentales por su relevancia económica y social en
nuestra Comunidad, se encuentran totalmente desamparadas en la
propuesta de la Comisión, ha aseverado Aguilera.
En este sentido, el posicionamiento
común entre el Gobierno andaluz y el sector rechaza definir la pesca
artesanal, como lo hace la Comisión, como aquella que utiliza buques de
menos de 12 metros de eslora ya que esa definición, ha insistido la
consejera, se aleja de la realidad andaluza no ajustándose a la flota
pesquera y marisquera andaluza. Proponemos diferenciar la flota costera
artesanal en base a criterios de la frescura de sus productos, la
cercanía de los caladeros, la dependencia socioeconómica de los
municipios donde se ubican los puertos pesqueros y en cuanto a los
criterios de eslora, proponemos una diferenciación marcada por la
eslora de entre 20 y 24 metros.
Asimismo, la propuesta no contempla
ayudas al desguace de embarcaciones ni a las paralizaciones temporales
de pesca, de cara al próximo marco financiero, algo que desde la
Comunidad andaluza se considera inadmisible porque dichas ayudas son
necesarias y fundamentales para que el sector pesquero andaluz pueda
adaptarse a las medidas contempladas en la reforma de la PPC y por ello
instamos en este documento a que la Comisión dote de instrumentos
financieros suficientes para llevar a cabo la adecuación de la
capacidad extractiva de la flota a la explotación sostenible de los
recursos pesqueros.
Rendimiento Máximo Sostenible
La consejera ha insistido en que el
primer interesado en una pesca sostenible es el propio sector pero no
puede hacer una reconversión de la flota a coste cero; es necesario una
financiación adecuada y hacerlo de forma gradual. Consideramos que si
bien hay que conseguir que las poblaciones se mantengan por encima de
niveles que produzcan el Rendimiento Máximo Sostenible, este debe
alcanzarse de manera flexible, gradual y no traumática por lo que
proponemos alcanzar ese objetivo en 2020, a fin de conseguir un menor
impacto socioeconómico en el sector pesquero.
Además, la propuesta de reforma para la
PPC debe ser más específica en cuanto al papel de la acuicultura,
contemplando la necesidad de mejorar los niveles de productividad,
mediante el apoyo a la implantación de procesos productivos innovadores
en los ámbitos de los cultivos marinos y la adopción de sistemas
novedosos de producción, manipulación, conservación, identificación
gestión comercial, distribución y venta de productos acuícolas.
Tanto el Gobierno andaluz como los
representantes del sector han contemplado en el acuerdo, las
consecuencias derivadas ante la introducción de concesiones
comerciables (ITQ) que quiere llevar a cabo la Comisión pudiendo
convertirse en un mercadeo de cuotas, así como la necesidad de
mantener los acuerdos pesqueros con terceros países, ofreciendo
condiciones que permitan la viabilidad y rentabilidad de todas las
operaciones necesarias para el ejercicio de una pesca responsable, así
como respuestas a los armadores ante las limitaciones técnicas.
