Consideran que dañará a los productores españoles y aumentará las cargas burocráticas.
Las organizaciones agrarias Asaja, Upa y
Coag criticaron la reforma de la Política Agrícola Común (PAC)
propuesta por Bruselas, al considerar que dañará a los productores
españoles y aumentará las cargas burocráticas.
El secretario
general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), Miguel López, dijo que la propuesta es una "tremenda
barbaridad" en el contexto actual y alertó de que provocará grandes
daños sobre el tejido productivo y el empleo.
López consideró
que las instituciones y organizaciones sociales en España deben unirse
en contra de las ideas de la Comisión Europea, y convertir la cuestión
en "un problema de Estado".
El representante de COAG se mostró,
no obstante, de acuerdo con la idea de Bruselas de establecer un techo
a las ayudas que reciben las grandes explotaciones ya que, opinó, el
dinero público no debe servir "para seguir engordando fortunas", sino
para mantener el sistema productivo y generar empleo.
Por su
parte, Ricardo Serra Arias, vicepresidente de Asaja, dijo que la
propuesta comunitaria es "absolutamente negativa en un contexto como el
que vivimos" y calificó de "auténtica locura" llevar a cabo el "cambio
radical" que plantea la Comisión.
Según Serra, la reforma
planteada es "una pesadilla burocrática", que implicará cambios
difíciles de comprender para los agricultores.
De salir
adelante, alertó, "prácticamente todos los cultivos saldrán
perjudicados en España" y se creará un enfrentamiento ineludible entre
diferentes regiones por las ayudas.
Sobre la idea de incentivar
las prácticas ecológicas, opinó que generará "más costes, más
burocracia y al final menos competitividad".
Por su parte
Javier Corrales, director de la oficina de UPA en Bruselas, indicó que
la reforma planteada es "bastante negativa" ya que "no ataja ni aborda
los problemas principales del sector, que son la falta de precios y la
rentabilidad de las explotaciones".
Para Corrales, el principal
escollo es la definición de "agricultor en activo", que no va ligada a
los ingresos por producción agraria sino a los ingresos no agrarios,
por lo que da cabida a "cualquiera".
En la práctica, supone que
podrían recibir ayudas por ejemplo los campos de golf que cumplan con
los criterios medioambientales, señaló.
El representante de
Asaja dijo que aunque las medidas para impulsar una agricultura
ecológica son ambiciosas, no se aborda lo que se necesita: que haya un
reequilibrio y una gestión más eficaz y adecuada y una redistribución
de la cadena.
Sobre los productores, opinó que habría que
reforzar su papel en lugar de limitar su papel a la de "mero gestor
medioambiental", ya que el principal objetivo ha de ser mantener el
negocio.
La Comisión Europea (CE) propuso una reforma de la
Política Agrícola Común (PAC), que pretende incentivar las prácticas
ecológicas y cambiar el método de reparto de las ayudas en favor de un
sistema más equilibrado entre regiones y sectores.