La comunidad de regantes ha informado de su intención de realizar una auditoría de las obras.
La Comunidad de Regantes del Guadalcacín va
a presentar una denuncia ante los tribunales para solicitar a la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) la devolución de
18,5 millones de euros por el "fraude" de las obras de modernización de
esta zona regable.
La comunidad de regantes
ha informado de su intención de realizar una auditoría de las obras,
después de que un primer análisis haya detectado la aparición de una
serie de "irregularidades" en la ejecución del proyecto que ha llevado
"a la ruina" a los propios comuneros.
Entre otras cosas, la
organización que preside Jacinto Carrasco advierte de que "muchos
regantes aún no saben" siquiera "en qué consisten" las obras, ya que
hasta ahora "sólo se les ha instalado un contador y les han pinchado
los hidrantes en tuberías viejas de hace 20 años que no están
acondicionadas para aguantar tanta presión".
Por este motivo,
son "constantes" las averías, y se da la paradoja de que muchos
comuneros están "arruinados de por vida" como consecuencia de la
ejecución de unas obras que no han resuelto sus problemas de riego.
Todo ello ocurre tres años después de finalizadas las obras, cuya
deficiente ejecución "anula el principal objetivo del proyecto", que no
era otro que el de modernizar los sistemas de riego, ahorrar consumo y
garantizar el futuro de la agricultura de la zona.
La Comunidad
de Regantes del Guadalcacín entiende que Seiasa ha incurrido en
"dejación de funciones", dejando "desprotegidos" a los comuneros, toda
vez que "ha permitido que no se ejecute la obra en su totalidad, la
instalación de materiales de una calidad no adecuada y que se acepten
modificaciones no justificadas técnicamente que no mejoran la
eficiencia del riego".
Además, la organización advierte de que
la sociedad estatal ha permitido también la instalación de
infraestructuras "fuera de la zona regable", con su consiguiente
ampliación y sin autorización administrativa.
La asamblea
general extraordinaria de la comunidad aprobó en diciembre de 2001 el
proyecto de modernización de los regadíos, con un presupuesto de 53,9
millones de euros.
A Seaisa debía anticiparse un pago de 16,4
millones de euros, "pero el posterior sobredimensionamiento de la obra
llevó a la comunidad a anticipar 22,8 millones de euros".
Toda
esta "maniobra" se llevó a cabo "sin el consentimiento de los
comuneros", cometiéndose "una flagrante ilegalidad, al no someterse
este abultado incremento presupuestario a la aprobación de la asamblea
general".
Ahora, este "aumento desproporcionado" del
presupuesto en un 39,86 por ciento "provoca la inviabilidad" de las
explotaciones agrarias, cuya superficie media es de cinco hectáreas.
