En el marco de Fruit Logística 2012, la consejera ha presentado el modelo de trazabilidad andaluz como ejemplo de eficacia y garantía para el consumidor.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha intervenido
en el foro ‘Krisen richtig managen’ –‘La gestión adecuada de
la crisis’- organizado por la revista Fruchthandel Magazin en el marco
de la vigésima edición de la feria Fruit Logística, donde ha puesto de
manifiesto la necesidad de analizar el actual sistema de gestión de
crisis y hacer críticas constructivas al funcionamiento del mismo, dada
la gran trascendencia económica y de salud pública que pueden generar
las alarmas recogidas en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos (RASFF, siglas en inglés).
En este encuentro han tomado parte
también el portavoz del ministerio alemán de Alimentación, Agricultura y
Defensa del Consumidor, Robert Schaller, y la asesora de Política
Alimentaria de Freshfel Europe, Raquel Izquierdo de Santiago.
Durante su intervención, Aguilera ha
hecho hincapié en que la inadecuada gestión de una crisis puede generar
graves consecuencias en la reputación de los productos afectados,
conseguida a base del esfuerzo continuado de los productores durante
años ofreciendo alimentos con la máxima calidad y seguridad. Por este
motivo, es indispensable que se llevan a cabo mejoras en el sistema para
permitir un correcto uso de la información, garantizando la seguridad
del consumidor y el productor.
En este sentido, la consejera ha
destacado que la Unión Europea cuenta con una de las normativas de
seguridad alimentaria más estrictas diseñada para reaccionar con rapidez
ante las incidencias o riesgos que puedan registrarse en la RASFF pero
que, antes de comunicar una alerta, los miembros afectados por estas
situaciones deben evaluar los riesgos que conlleva esta acción. Desde
su punto de vista, sería recomendable que el proceso de notificación de
las alertas respetase un procedimiento establecido y común para todos
los implicados basado, entre otras premisas, en la imposibilidad de
activar una alerta no probada amparándose únicamente en el principio de
cautela, y en la vigilancia de que las alertas no sirvan para beneficiar
intereses privados. En el caso concreto en que se realicen
notificaciones a la RASFF sin garantías sobre la trazabilidad de las
partidas donde se ha originado, no se debe designar el origen de las
mismas hasta no contar con plena certeza de su procedencia, ha
recalcado Aguilera.
Además, la consejera ha añadido que
sería necesario que se guardaran siempre varias muestras de laboratorio
cuando se realice un control de calidad, tanto oficial como propio, para
que los propietarios de los lotes que sean objeto de notificaciones
puedan defenderse a través de un contra-análisis en caso de que éstas
no se ajusten a la realidad. En este mismo sentido juega también un
importante papel el sistema de trazabilidad, que en el caso de Andalucía
ha demostrado ser una herramienta muy útil cuando existen riesgos, ya
que permite conocer la localización exacta de los productos y tomar
decisiones en consecuencia.
Ejemplo andaluz
Aguilera ha expuesto a los participantes
la experiencia vivida recientemente por los productores andaluces ante
la alerta sanitaria de mayo de 2011 surgida en Alemania y en la que se
señalaba a los pepinos andaluces como posible foco de las infecciones
por E.coli. Andalucía se ha visto amenazada por estas situaciones de
las que hemos salido fortalecidos, reforzando aún más los valores en los
que venimos trabajando desde hace años y que caracterizan nuestro
sistema productivo: apostar por la máxima calidad, seguridad, control y
protección del medio ambiente.
Gracias al buen funcionamiento del
sistema de trazabilidad impuesto en la Comunidad, se localizaron los
lotes señalados por las autoridades alemanas en sólo 24 horas y se
procedió inmediatamente a realizar los análisis que demostraron que los
pepinos de Andalucía estaban libres de contaminación por esta bacteria. A
pesar de ello, varios países cerraron sus fronteras a las frutas y
hortalizas de nuestra región e incluso, en algún caso, este veto se
extendió a la producción hortofrutícola española.
Tras esta prueba de las secuelas del
incorrecto funcionamiento del sistema de alertas, la UE ha tenido que
habilitar compensaciones económicas dirigidas a los productores
afectados por esta injusta acusación que en Andalucía alcanzaron los 33
millones de euros. Una cantidad en la que no se incluyeron otros
productos que indirectamente también se vieron afectados por la crisis,
ha matizado la consejera.
La preocupación del sector andaluz por
la sanidad vegetal se muestra, además, en la apuesta de los productores
por modelos de producción sostenibles, como la agricultura ecológica, y
la implantación de técnicas de lucha contra las plagas y las
enfermedades que respetan el entorno, como es el caso del control
biológico.
Cambios en la futura PAC
Con el fin de mejorar el actual sistema
de gestión de crisis, entre otras cuestiones, la Administración andaluza
propone que la futura Política Agrícola Común (PAC) contemple la
creación de un nuevo mecanismo de gestión de retirada que se desencadene
de forma inmediata en el caso de crisis graves. En el caso de que una
de estas situaciones se produjera, sería precisa también la puesta en
marcha, por un lado, de mecanismos excepcionales que permitieran que las
ayudas procedentes de la Comisión Europea se completaran con
subvenciones nacionales específicas; y por otro lado, de acciones de
comunicación y promoción dirigidas a fomentar el consumo.
Asimismo, desde la Consejería de
Agricultura y Pesca se defiende también la idoneidad de adaptar las
normas de competencia con el fin de reforzar el peso de las
Organizaciones de Productores mejorando al mismo tiempo su poder de
negociación en la cadena alimentaria y la exigencia de reciprocidad en
los productos importados de terceros países.
En referencia a este flujo de mercado,
Aguilera ha recordado que debe garantizarse el cumplimiento de los
precios de entrada contemplados en los acuerdos comerciales
internacionales y, en caso de ser necesario, proceder a su actualización
en función de los costes de producción. Otra de las demandas andaluzas
para la nueva PAC es la posibilidad de ofrecer compensaciones a los
sectores afectados por las ventas de alimentos procedentes de países no
incluidos en la UE.