Los documentos fijarán el marco de colaboración público-privada para la mejora de las producciones más representativas del medio rural andaluz.
El Consejo de Gobierno
ha acordado iniciar la elaboración de los planes directores del Olivar y
de las Dehesas. Ambos documentos, previstos en las respectivas leyes
aprobadas por el Parlamento autonómico en 2011 y 2010, serán los
instrumentos de referencia para asegurar la viabilidad económica y
ambiental de estos sistemas de producción representativos del medio
rural andaluz.
Los planes se elaborarán con la participación de las
organizaciones representativas de los dos sectores y, antes de su
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, deberán contar con los
informes preceptivos del Consejo Andaluz del Olivar y de la Comisión
Andaluza para la Dehesa.
El Plan Director del Olivar será elaborado por la Consejería
de Agricultura y Pesca, tendrá una vigencia de seis años y contendrá
las medidas y líneas de actuación previstas por la ley autonómica para
reforzar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal
actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios.
El documento determinará asimismo la intervención y la
colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la
producción de aceituna y aceite de oliva es fundamental para la
economía, el mantenimiento de la población en el medio rural y la
conservación del patrimonio natural.
El Plan servirá de referencia para los contratos
territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la
Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas,
con el fin de mejorar la gestión integral de las explotaciones en las
vertientes productiva, ambiental y social.
En consonancia con la Ley del Olivar, el Plan Director
recogerá dos grandes grupos de medidas. El primero de ellos, de impulso a
la competitividad, incluye el respaldo a la modernización de las
explotaciones tradicionales potencialmente productivas; el
aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales; el
fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y
formación; la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al
asociacionismo empresarial, y el fomento de la calidad y promoción de
las producciones.
El segundo bloque, referido a la sostenibilidad, prevé la
ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener
la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y
diversificación de explotaciones e industrias, y apoyar la producción
ecológica, el uso eficiente de los recursos hídricos y el olivar situado
en zonas con desventajas naturales.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000
explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de
la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de
toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas
producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con
unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de
productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de
oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie
olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial
relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte
de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus
explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
Dehesas
En el caso de las dehesas, la elaboración del Plan Director
corresponde a las consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente,
que ya vienen trabajando en un borrador con los representantes
sectoriales. El documento, con una vigencia de 20 años y revisiones cada
cinco, incluirá un análisis de las posibilidades de mejora de la
rentabilidad de las producciones y un conjunto de medidas para hacer
frente a sus principales amenazas (el decaimiento del arbolado y la
crisis de los mercados ganaderos, entre otros) y potenciar el valor
ambiental, social y cultural de los territorios con dehesas.
A este marco general se ajustarán los planes de gestión
integral desarrollados voluntariamente por los titulares de las
explotaciones, cuya realización se considera criterio prioritario en el
acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales.
La dehesa es un sistema único en Europa de explotación
sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía
ocupa 1,25 millones de hectáreas, lo que supone aproximadamente el 14%
del territorio regional y la mitad de la superficie española de este
ecosistema, que también está presente en Extremadura, Castilla-La Mancha
y Castilla-León, así como en la región portuguesa del Alentejo.
Las dehesas andaluzas se distribuyen principalmente por
Sierra Morena y las serranías gaditanas y subbéticas. Un total de 128
municipios andaluces tienen más de una cuarta parte de sus términos
ocupados por dehesas y encuentran en ellas la base de su economía y de
su patrimonio natural. Actualmente, las principales actividades
económicas de estos territorios se ligan al cerdo ibérico, el corcho
(80% de la producción nacional), el ganado ovino, el toro de lidia, la
agricultura ecológica y el turismo rural.
Desde el punto de vista medioambiental, la dehesa tiene
actualmente asegurada en Andalucía un alto nivel de protección a través
de las leyes autonómicas en materias forestal, de lucha contra incendios
y de espacios naturales protegidos. La comunidad autónoma cuenta con la
Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena, declarada por
la Unesco en 2002 y que con sus 424.000 hectáreas es el mayor espacio
protegido de este tipo en España y uno de los mayores del planeta.
