La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar) quiere promover las buenas prácticas en la acuicultura.
La Asociación Empresarial de Productores de
Cultivos Marinos (Apromar) ha elaborado un decálogo de propuestas para
impulsar la acuicultura marina en España, en el que pide reducir las
trabas administrativas y otras limitaciones que frenan el desarrollo del
sector en la actualidad.
La asociación ha destacado que se trata de cuestiones concretas "perfectamente asumibles
si se cuenta con voluntad política y capacidad de alineamiento de las
administraciones implicadas".
En primer lugar, el decálogo
apunta a las trabas burocráticas, como la "excesiva" dificultad y tiempo
necesario para obtener y renovar los permisos y concesiones necesarios
para la acuicultura, lo que "está frenando la iniciativa empresarial".
Apromar considera que con una adecuada planificación se podrían evitar muchos de estos trámites.
En segundo lugar, se hace referencia a la disparidad de legislaciones
entre comunidades autónomas, que produce una "distorsión del mercado
nacional y la inexistencia de igualdad de oportunidades", por lo que se
reclama una mejor coordinación y que se potencie la Junta Asesora de
Cultivos Marinos (Jacumar).
El decálogo critica también la
exigencia a las explotaciones de pagar un doble canon de ocupación y
aprovechamiento sobre el dominio público marítimo-terrestre, así como
las tasas aplicadas por los puertos, que considera "desorbitadas" y no
uniformes entre las diferentes dársenas.
En quinto lugar,
Apromar denuncia que la aplicación restrictiva de la Ley de Costas
vulnera el derecho a la propiedad privada de las fincas acuícolas,
cuestión que afecta específicamente a antiguas salinas o esteros, por lo
que propone un trazado de los deslindes de acuerdo a las marcas
tradicionales del recorrido de las mareas.
También en el
ámbito ambiental, apunta a la interpretación "sumamente restrictiva" de
las limitaciones para ejercer la acuicultura en áreas de la Red Natura,
lo que genera "incertidumbre respecto de la viabilidad de los
proyectos".
Apromar considera que esta situación supone el
descarte "prácticamente automático, y a menudo infundado, de muchas de
las zonas más aptas para el desarrollo de la acuicultura", por lo que
propugna la apertura de los criterios ambientales aplicados.
Otra de las cuestiones que recoge el decálogo es la disparidad en los
requisitos administrativos y legales exigidos dentro de la Unión Europa
con respecto a terceros países, lo que distorsiona la competencia "en
perjuicio del producto cultivado dentro de la Unión".
Ante
esta situación, propone exigir a todos los pescados comercializados en
los Veintisiete condiciones de producción equivalentes.
En el
caso particular de Turquía, se denuncia además la existencia de un
subsidio directo a la producción acuícola, que permite su venta en
España a menor precio y con más beneficio que el producto nacional.
Apromar añade que, por el contrario, las empresas españolas deben pagar un arancel para exportar a Turquía.
Asimismo, señala la falta de reciprocidad existente entre las
exigencias sobre ingredientes de piensos que requiere la Unión Europea y
las de terceros países que exportan al mercado comunitario.
Por último, el decálogo reclama la mejora del etiquetado de los
productos acuáticos en los puntos de venta al consumidor final, sobre
todo en la distinción del producto descongelado del fresco, lo que
"juega en contra" de la producción española frente a la de exportadores
de fuera de la Unión Europea.
