CCOO y UGT piden un modelo de gestión pública y transparente del agua

22 de Marzo de 2012

Redacción

Estas organizaciones optan por un modelo que garantice el abastecimiento y el uso eficiente del agua y han rechazado cualquier iniciativa de privatización.

Los sindicatos CCOO y UGT han pedido un "modelo de gestión pública, transparente y con participación social" que garantice el abastecimiento y el uso eficiente del agua y han rechazado cualquier iniciativa de privatización.

Con motivo del Día Mundial del Agua 2012, que se celebra hoy con el lema "Agua y Seguridad Alimentaria", los sindicatos han impulsado la iniciativa ciudadana europea (ICE) en España, con recogida de firmas, para reclamar a las Administraciones Públicas que garanticen el Derecho Humano a ese recurso a través de servicios públicos de calidad.

UGT y CCOO han destacado, la estrecha relación entre agua y seguridad alimentaria para garantizar el acceso universal al agua potable y a la alimentación, "dos derechos humanos básicos".

Han recordado que el 20 % de las tierras cultivadas en el mundo son regadíos que consumen el 70 % del agua dulce del Planeta y aportan el 40 % de la producción de alimentos.

En España, según la misma fuente, el regadío representa el 15 % de la superficie agraria útil total, consume alrededor del 70 % de la demanda de recursos hídricos y aporta más del 50 % de la producción final agrícola.

Los sindicatos han subrayado que el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua para la agricultura, la pérdida de suelos de cultivo por usos urbanísticos e industriales, entre otros problemas, comprometen la seguridad alimentaria de los 9.000 millones de personas que habitarán el planeta en 2050, según cifras de la FAO.

Los sindicatos solicitan actuaciones como una mejora de la eficacia en el uso de agua en la agricultura, más investigación y el aprovechamiento de las tecnologías de desalación y desalinización bajo criterios de sostenibilidad, así como la mejora de la tasa de depuración y reutilización de aguas residuales.

Han rechazado las iniciativas de privatización de la gestión "que persiguen principalmente el beneficio económico antes que garantizar el derecho al agua y la preservación de las funciones ambientales de este recurso", según el comunicado.