La reforma presentada por la Comisión Europea deber resultar lo menos perjudicial posible para la flota andaluza.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha presentado al
Consejo de Gobierno un informe sobre la posición del Gobierno andaluz
ante la futura Política Pesquera Común (PPC). Este documento será
trasladado a los ponentes de la reforma en el Parlamento Europeo para
que los intereses de la comunidad autónoma se tengan en cuenta en el
debate que actualmente se desarrolla en Bruselas y Estrasburgo.
Clara Aguilera ha resaltado que la reforma presentada por la Comisión
Europea deber resultar lo menos perjudicial posible para la flota
andaluza, dado su carácter estratégico en el abastecimiento alimentario
del continente y en la cohesión económica y social de la comunidad. En
esta línea, el informe analiza los tres reglamentos que componen la
propuesta del nuevo marco pesquero: el relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, el proyecto base sobre la PPC y el de la
Organización Común de Mercados (OCM).
En relación con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el documento
subraya la necesidad de una dotación financiera suficiente para lograr
la adecuación de la capacidad extractiva de la flota a la explotación
sostenible de los recursos pesqueros. Por ello, el Gobierno andaluz se
manifiesta en contra de eliminar las ayudas a armadores y tripulantes
por paralización temporal y definitiva, así como las dirigidas a
modernización de barcos por sustitución del motor propulsor y los
motores auxiliares, tal y como prevé la reforma.
A juicio de la Junta, este tipo de incentivos es fundamental para la
sostenibilidad de las pesquerías, el mantenimiento de la actividad y la
renta de los pescadores y marineros en caso de paro obligatorio por
vedas biológicas.
De igual modo, el Gobierno andaluz reclama que no se supriman las
ayudas para las iniciativas de diversificación de la actividad pesquera,
como las destinadas a mejorar la comercialización y transformación de
productos y la construcción de puertos y lonjas.
En cuanto a la propuesta legislativa sobre el reglamento base de la
PPC, Clara Aguilera ha destacado como una de las prioridades lograr un
mayor reconocimiento a la pesca artesanal, el marisqueo y las almadrabas
modificando para ello la definición que recoge el texto actual, basada
en la eslora máxima de los buques (12 metros). El documento pide que se
diferencie a este tipo de flota teniendo también en cuenta criterios
como la frescura de sus productos, la cercanía de los caladeros y la
dependencia socioeconómica de los municipios donde se ubican los puertos
pesqueros, además de ampliar el requisito de eslora hasta los 20
metros.
Otra de las reivindicaciones andaluzas se dirige a mejorar la
propuesta de Bruselas sobre la eliminación de los descartes (la pesca
que no puede ser comercializada) a partir de 2014. El informe pide que
esta medida se lleve a cabo de forma progresiva y gradual para paliar
tanto el impacto económico que tendrá en el sector como el desequilibrio
en los mercados. Además, rechaza que se asignen concesiones de pesca
transferibles, ya que pueden producir concentración de riqueza y
perjudicar a las flotas de menor tamaño.
Rendimiento sostenible
La Administración andaluza también reclama que se posponga de 2015 a
2020 la fecha límite que estipula el texto base para alcanzar el
rendimiento máximo sostenible de las poblaciones pesqueras, es decir,
porcentajes de capturas que permiten garantizar la explotación de las
mismas.
La posición de la Junta sobre el proyecto base de la PPC se completa
con la petición de que se mantengan los acuerdos con terceros países, en
condiciones de viabilidad y rentabilidad, y con la reclamación de un
reconocimiento específico para la acuicultura. Se propone así un marco
normativo diferenciado de la actividad, actualmente considerada
complementaria de la pesca extractiva, con el fin de asegurar la mejora
de la productividad, el apoyo a la implantación de procesos innovadores
de producción, manipulación, conservación, distribución y venta.
Finalmente, en relación con el reglamento de la OCM de la pesca, la
Junta propone, entre otras medidas, otorgar a las organizaciones de
productores mecanismos de intervención que garanticen la recuperación
del mercado cuando se produzcan condiciones excepcionales que afecten a
los precios.
El sector pesquero andaluz constituye uno de los principales pilares
de la economía y el empleo en 25 municipios a lo largo de los más de 800
kilómetros de litoral andaluz. La flota costera artesanal está formada
por 1.619 embarcaciones, de las que 877 operan en el Golfo de Cádiz y
690 en el Caladero Mediterráneo. A ellas hay que añadir otros 52 barcos
que faenan en caladeros de terceros países, fundamentalmente
embarcaciones de arrastre dedicadas a la pesca y congelación a bordo de
crustáceos en el litoral africano.
En 2011, la producción pesquera de la comunidad autónoma alcanzó las
73.700 toneladas, con un valor de 245 millones de euros. La mayor parte
de este volumen de negocio, el 81%, corresponde a la pesca fresca
comercializada en lonja, seguida de la ejercida por la flota congeladora
(7,45%).