La Comisión Europea dio ayer a conocer un amplio paquete de medidas sobre energía y cambio climático, cuyos principales puntos son:
- Reducción de las emisiones. Tal y como aprobaron los países de la UE el pasado año, Europa debe reducir para 2020 un 20 por ciento de sus emisiones de CO2 con respecto a los niveles de 1990. Según las últimas cifras tomadas como referencia por la CE (2005), Europa ya ha recortado sus gases contaminantes un 6 por ciento, por lo que debe afrontar una reducción del 14 por ciento para alcanzar su meta.
Con ese fin, la Comisión ha propuesto que las grandes industrias cubiertas por el sistema europeo de comercio de emisiones -como la siderurgia y las eléctricas- recorten sus gases contaminantes en un 21 por ciento con respecto a 2005.
- Reparto de esfuerzos. Esa reducción del 10 por ciento ha sido repartida por la CE entre los Estados miembros, en función de su PIB por habitante.
Así, los países más ricos de la UE tendrán que recortar hasta un 20 por ciento las emisiones de este tipo, mientras que los más pobres (principalmente los del Este) podrán aumentar las suyas hasta un 20 por ciento.
España tendrá que recortar sus emisiones no cubiertas por el sistema de comercio en un 10 por ciento respecto a los niveles de 2005, según el reparto de Bruselas.
- Revisión del sistema de comercio de emisiones. La CE también ha propuesto reforzar este mecanismo por el que las empresas europeas se reparten los derechos para emitir CO2 extendiéndolo a sectores como el químico o el de la producción de aluminio e incluyendo otros gases de efecto invernadero.
Además, las industrias tendrán ahora que pagar por los permisos de emisión, que serán subastados y cuyos beneficios irán a parar a las arcas nacionales.
Sin embargo, algunos sectores que podrían verse perjudicados por esta medida frente a sus competidores extranjeros dispondrán de derechos gratuitos.
- Protección de la industria europea. Para que las empresas comunitarias no se vean perjudicadas, la CE ha previsto que algunos sectores reciban derechos de emisión gratuitos, tal y como ocurría hasta ahora.
En caso de que antes de 2010 no se alcance un acuerdo internacional post-Kioto para combatir el cambio climático, Bruselas decidirá entonces qué industrias europeas quedan exentas del pago por los derechos de contaminación, siguiendo una serie de criterios que ha introducido en su propuesta.
Además, el Ejecutivo comunitario buscaría entonces mecanismos para proteger a sus empresas frente a las de otros países más contaminantes, como podrían ser acuerdos sectoriales internacionales u obligar a las compañías que quieran vender en Europa a entrar en el sistema de comercio de emisiones, como sus rivales de la UE.
- En caso de un acuerdo internacional. Si en los próximos años la comunidad internacional alcanza un compromiso para reducir las emisiones en todo el mundo, Europa aumentará automáticamente al 30 por ciento su compromiso de reducción de las emisiones, con ajustes previstos en el texto para todos los esfuerzos.
- Objetivos de energías renovables. El plan contra el cambio climático da un gran impulso a las fuentes renovables con el fin de que éstas representen en 2020 el 20 por ciento del consumo energético europeo, frente al 8,5 de 2005, dato tomado como referencia.
Para ello, Bruselas ha impuesto también obligaciones a los Estados miembros, en función de su situación económica y de su punto de partida.
España tendrá que tener en 2020 el 20 por ciento de energías renovables (frente al 8,7 en 2005).
- Mercado de títulos de renovables. Finalmente Bruselas no ha impuesto la creación de un mecanismo de intercambio de títulos de energías renovables, posibilidad criticada por países como España y Alemania, que cuentan con sistemas públicos que priman las fuentes renovables.
Cada país podrá elegir su modelo de fomento de este tipo de energías, y si lo desea podrá vender certificados de renovables a socios con más dificultades para producir este tipo de tecnologías.
- Biocombustibles. Otro de los objetivos europeos para 2020 es lograr que el 10 por ciento de los carburantes utilizados en el transporte sean biocombustibles.
En respuesta a las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los biocombustibles, Bruselas plantea que se prohíba utilizar materias primas procedentes de bosques vírgenes, de praderas o de áreas protegidas, y que se prohíba también convertir humedales o zonas de silvicultura en zonas para producir ese tipo de combustibles.
- Captura y almacenamiento de CO2. El dossier incluye una directiva que regulará las tecnologías que permiten filtrar las emisiones, capturar el CO2 e insertarlo en formaciones geológicas para que no llegue a la atmósfera.
La CE considera que esta técnica -por el momento compleja y muy cara- es crucial a largo plazo, por lo que con su texto pretende promoverla y abrir la vía a su uso.
- Nuevas directrices sobre ayudas al medio ambiente. Bruselas ha revisado su normativa de ayudas estatales para la reducción de emisiones con el fin de elevar su cuantía.
La CE, que ya permitía subvencionar la producción de energías renovables, la reducción del consumo o la gestión de residuos, ha ampliado la posibilidad de conceder fondos a la compra de derechos de emisión, los proyectos de captura de CO2 y la mejora de los estándares medioambientales en el transporte.
- Costes de los planes. Según los estudios de la CE, el coste de todas estas medidas para combatir el cambio climático estará en torno al 0,6 por ciento del PIB comunitario.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, explicó que esto equivaldría a 3 euros por ciudadano europeo y semana, mientras que el coste "de no hacer nada" contra el problema podría alcanzar los 60 euros por persona y semana.
