Andrés Góngora Belmonte, responsable de Frutas y
Hortalizas de COAG
Los agricultores y agricultoras de la Unión Europea somos
los productores del mundo que más requisitos medioambientales, laborales y
sociales hemos de cumplir. Y estamos orgullosos de ello. Estamos orgullosos de
que nuestras frutas y hortalizas puedan considerarse como las más seguras del
mundo desde el punto de vista sanitario y las más responsables desde el punto
de vista de la seguridad y salud de los trabajadores de las explotaciones y del
impacto sobre el medio ambiente. Además nos esforzamos inagotablemente por
continuar en ese camino de reducción del uso de fitosanitarios y mejora de la
calidad, como concepto global, de los productos que ofrecemos a los
consumidores.
Sin embargo, de orgullo no podemos vivir. Nuestras
explotaciones no se mantienen a base de satisfacción y buenas palabras, sino
por rentabilidad económica. Es por ello que, si cuando nuestras producciones se
dirigen al mercado europeo, tienen que competir con importaciones de terceros
países que no cumplen las mismas condiciones de producción, por muy orgullosos
que estemos, nuestra rentabilidad se ve afectada y las garantías para los
consumidores vulneradas. No competimos en igualdad de condiciones. Si además
dichas importaciones han ingresado en el mercado comunitario sin cumplir los requisitos
aduaneros establecidos, en cuanto a contingentes, precios de entrada, etc, los
agricultores tenemos que hacer frente a una competencia desleal y el
contribuyente europeo deja de percibir los ingresos aduaneros correspondientes.
Por ello, existe la imperiosa necesidad de que la UE refuerce los controles
aduaneros, en su vertiente recaudatoria
y en la fitosanitaria, para evitar el fraude y la entrada de producto que no cumpla con la normativa comunitaria. Ya es
hora de que el sistema de precios de entrada sea eficaz y no un coladero para
las importaciones.
Por otro lado, COAG viene reclamando la introducción
de criterios y cláusulas en los correspondientes acuerdos comerciales con
países terceros que permitan verificar el impacto de la apertura comercial para
ambas partes, especialmente con el objeto de comprobar el
cumplimiento del fin último de la política exterior comunitaria: que se
produzcan avances en materia de respeto al medioambiente, en los derechos
laborales y –sobre todo- en el desarrollo económico y social de la población
local y por tanto, no sólo de las grandes corporaciones locales o extranjeras. En este
sentido, resulta imprescindible condicionar la apertura de los mercados
europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral,
ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los
consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de
vida y trabajo en los terceros países.
